OPINIÓN
Proceso al ‘procés’
La defensa de los acusados se olvida de que millones de catalanes no quisieron colaborar a la vulneración de la legalidad y decidieron no acudir a la llamada de la Generalitat independentista
El contenido de la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos de Artur Mas y dos consejeras contra la sentencia del TSJC , conocida ahora, permite entrever el núcleo del argumentario legal que manejará el alto tribunal ante la defensa de los procesados por ... la organización del referéndum ilegal del 1-O. En la antesala del comienzo del juicio la filosofía jurídica que late en la cúpula de la justicia española se sustancia en dos principios.
De un lado que no existe derecho a participar en un proceso ilegal de consulta y por tanto se desmonta la defensa de los presuntos rebeldes o sediciosos basada en la vulneración de los derechos fundamentales de libertad ideológica y expresión. Y, en segundo lugar, que cuando se denuncia la vulneración del derecho de participación de los ciudadanos en una consulta, se olvida que los ciudadanos que eluden participar en ella disuadidos por la ilegalidad de la misma, quedan condenados al «ostracismo» político.
La defensa de los acusados se olvida de que millones de catalanes no quisieron colaborar a la vulneración de la legalidad y decidieron no acudir a la llamada de la Generalitat independentista. No cabe duda, ni siquiera en el mundo separatista, de que el Tribunal Constitucional, aunque se le desobedezca, es depositario de la máxima jerarquía en la interpretación y garantía de los derechos fundamentales.
Hasta el mismo Puigdemont acaba de reconocerlo al recurrir a esa instancia el acuerdo de la mesa del Parlament que le impide delegar el voto desde Bruselas. Todo el entramado soberanista para justificar «democráticamente» la vulneración de la orden del TC y del TS de no convocar el referéndum e impedirlo Mossos y Policía mediante, se derrumba ante una contundente afirmación jurídico legal: «No existe el derecho a voto en una consulta convocada al margen de la legalidad». Incontestable. Pero el juicio del siglo no se juega solo en la plaza de la Villa de París, en la sala segunda del Tribunal Supremo presidido por el magistrado Manuel Marchena .
Hay un terreno tan importante como el judicial que es el de la imagen, la comunicación, la propaganda, los medios. Como se le quiera denominar. Porque como señalan los analistas de la formación de la opinión de masas, la realidad virtual es más potente que la realidad misma.
Y las resoluciones de algunos jueces en Bélgica y Alemania o la convicción de la opinión pública europea de que el 1-O fue una «masacre» a los ciudadanos catalanes que solo querían votar, demuestran que la batalla de la opinión pública global está muy lejos de ser favorable a la legalidad española. Puigdemont y su equipo tienen ya elaborado un plan detallado para convertir el juicio de un altavoz y presentar los hechos de cara a la prensa internacional a su conveniencia. A Rajoy los acontecimientos le pillaron «en Belén con los pastores». Y, a la vista de la esquizofrenia política del Gobierno con el independentismo, no cabe esperar que hayan aprendido la lección.
