El Apunte
Picaresca urbanística
Hacienda ha puesto la lupa en las obras irregulares de las viviendas de Cádiz y ha localizado 34.000 inmuebles que no tributan
El trabajo que ha realizado el Catastro en la provincia de Cádiz durante los últimos meses ha sido como una caza de Pokémon pero en materia urbanística. El Ministerio de Hacienda ha localizado más de 34.000 inmuebles que defraudan, es decir, el IBIque pagan sus propietarios no coincide con las dimensiones de la vivienda que regentan. Los funcionarios del Catastro han utilizado fotografías aéreas, realizadas con drones, para comprobar y demostrar que algunas fincas no tienen nada que ver con la valoración catastral que figura en su ficha de registro. La investigación ha desvelado casos como la proliferación de piscinas sin permiso, ampliaciones irregulares de viviendas con más de una planta, construcciones de garajes y modificaciones de locales comerciales. Se trata de una picaresca que burla al fisco, ya que este tipo de obras se ha llevado a cabo sin papeles y, por tanto, fuera del control de Hacienda. El objetivo del plan que ha destapado estas irregularidades no es, precisamente, la sanción. Al contrario. El Catastro trata de poner en orden la ficha registral y actualizar los datos con el fin de que el titular del inmueble tribute en función de lo que tiene. Hacienda le ha sacado un gran partido a los drones. Hasta la fecha se han localizado en Andalucía 373.224 inmuebles con anomalías. Todo apunta a que los infractores tendrán que pagar una media de 798 euros para actualizar sus datos catastrales.
La provincia de Cádiz, debido a su orografía, es especialmente anómala en materia urbanística. Las construcciones ilegales campan a sus anchas y el mejor ejemplo lo tenemos ahora en la proliferación de viviendas clandestinas en la playa de El Palmar, donde fincas con habitaciones dedicadas a cuartos de aperos de labranza han terminado como chalets a escasos metros del mar. La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz de 2015 ha alertado de un aumento en las viviendas ilegales de la provincia y se apunta a los ayuntamientos como principales responsables de ello debido a su «desidia» a la hora de ejecutar las sentencias judiciales sobre derribo. Además, la Justicia llama la atención de los consistorios ante su ineficacia a la hora de prevenir este tipo de prácticas, que se han disparado con la mejora económica.
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