Perverso y perseverante «per se»

Comenzó la historia del inframundo subvencionado, en época inmemorial. Posiblemente los faraones egipcios asesoraron a sus precursores. Corría el año 1971 y se implantaba el Plan de Empleo Comunitario. El llamado Empleo comunitario está en la memoria de los pueblos, asociada a decenas de jornaleros trabajando en las cunetas de las carreteras. Eso también es memoria histórica, por dos motivos, por ser un momento pasado y por el lugar, las cunetas. Los gobernadores civiles repartían discrecionalmente, según el nivel de tensión reivindicativo en los pueblos. En 1984 se introdujo el subsidio de desempleo agrario y el Plan de Empleo Rural (PER). Con esta reforma el PSOE se asegura, en la mayoría de los municipios andaluces, la continuidad. Nacía la PSOE SA.

El Gobierno de entonces se planteó como justificar el tránsito del cambio del PEC al PER . Se pretendía modificar los fundamentos de la existencia del Empleo Comunitario, basada en gasto improductivo a otro, destinado a crear riqueza y a equiparar a los desempleados eventuales agrarios con los del régimen general. Así nació el PER. Éste se asentaba en un triple mecanismo: subsidio asistencial más amplio, fondo de empleo rural y plan de formación profesional. En realidad, los fondos atribuidos al PER, son políticas activas de empleo, que, generando gastos e inversiones en los territorios de Andalucía y Extremadura, hoy extendido a otras zonas deprimidas del agro español, han posibilitado incrementar en el fondo y en la forma los presupuestos municipales, desarrollándose obras en infraestructuras y gastos de toda índole, como es la propia limpieza viaria, cuya realización es ejecutada por trabajadores eventuales agrarios, que son dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, pero que permiten ser acreditadas, como carencia lucrada, para el cobro del subsidio agrario. Es decir, trabajando en otros sectores que suponen el alta en el Régimen General, se consideran a todos los efectos como si fuera trabajo ejecutado en el campo. En resumen, el trabajador cobra un salario con cargo al PER (política activa de empleo) y ello le permite el cobro del subsidio agrario.

La llegada del PP al gobierno en 1996, supuso otro cambio e intento de lavado de imagen de la situación. Se creaba el AEPSA. Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, pasó a llamarse Plan de Fomento del Empleo Agrario y pasó a aplicarse a más comunidades autónomas, aunque Andalucía y Extremadura copan el 86,5% de las ayudas. La mecánica de funcionamiento siguió siendo la misma. Es más, una de las primeras medidas que hizo ese gobierno fue reducir el número de jornadas que debían ser acreditadas para acceder al subsidio agrario. Más de lo mismo. La derecha acomplejada asumía las tesis de la izquierda.

De los gobernadores civiles de los comienzos, se pasó a los Alcaldes como gestores de los fondos. El “Régimen” andaluz, comienza a fraguarse en 1984, con todo este entramado político de medidas y corrientes financieras.

La historia del campo andaluz y extremeño, ha pasado de la de los señoritos de entonces, con botas de montar y sombrero de ala ancha, a otros señoritos, en este caso con poder político. Todo parece indicar que la institución ancestral de corte feudal, el “derecho de pernada”, que según la leyenda ha acompañado la historia de los señores del campo, braceros, jornaleros y criadas, se eterniza. Es la perseverancia institucional y legislativa. Quizás, la expresión “derecho de pernada”, que tiene su origen en la locución latina medieval “ius primae noctis”, que traducido significa el derecho de la primera noche, o sea, el presunto derecho de lo que Ud. está pensando, a cambiado en algo. Es decir, presumiblemente, el derecho a cepillarse todo lo que se mueve dentro del feudo o territorio, ya no es así, porque la política lo ha invadido todo. Ahora son los políticos con sus decisiones los que nos cepillan fiscalmente a toda la población, para mantener niveles de clientelismo, propios de la época Romanones, para no retrotraernos al alto medievo feudal por excelencia. Ya no hay señores feudales, pero los políticos, han ideado legislaciones impropias y perversas, para que este país “funcione”. El ejemplo más reciente lo tenemos en los extrarradios de Doñana. En Huelva se ha hecho una oferta de empleo para la contratación de 10.000 trabajadores para la recogida de la fresa, con una duración aproximada de cuatro meses de trabajo. En la provincia del Tinto y el Odiel, se han debido emborrachar de agua “colorá”, la del Polo, donde se juntan ambos, porque con datos de 2019 del SEPE, en la provincia donde habita la Reina de las Marismas, son beneficiarios del subsidio agrario y de la renta agraria 14.011 trabajadores. Menos de 500 autóctonos marismeños, han acudido a la oferta. El resto extranjeros contratados en origen, recogerá la fresa, que, por ser la primera en ser recogida, marcará los precios en los mercados de Fráncfort, Londres y Estocolmo.