Pensiones obsolescentes
Él se llama Sidney y ella Rachel. Los Saunders son una pareja de octogenarios australianos
Él se llama Sidney y ella Rachel. Los Saunders son una pareja de octogenarios australianos. Sin quererlo se han encargado de contravenir la primera regla del consumismo desaforado. Después de nacimiento de su hija mayor, hace cincuenta y cinco años, compraron a plazos una secadora. Eran la envidia del barrio. Semanalmente, desde entonces, les ha funcionado a la perfección, hasta hace unos días, que después de tantos años, dijo ya basta. Buscaron los papeles de la garantía pero, con su mala memoria, no los encontraron.
La obsolescencia programada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un periodo de tiempo calculado de antemano, y casi siempre corto, por parte del fabricante, éste se torna obsoleto, inútil, inservible, o simplemente deja de funcionar, justo unos días después de cumplir la garantía. Ya no valen reparaciones o repuestos. El desgaste de los materiales no obliga a comprar otro. Lo mismo ocurre con el ‘consumo preferente’ de determinados alimentos, con ello los proveedores nos obligan a seguir comprando. Bajo el marchamo de la eficiencia energética y con el supuesto ahorro energético y cuidado medioambiental, nos lanza a comprar.
La obsolescencia la ha llegado a nuestro sistema de pensiones. El melón del futuro de los pensionistas está aún por abrir. Nadie se atreve a reconocer que el actual sistema, como está establecido, tiene los días contados. En las estadísticas de indicadores de salud el índice de envejecimiento de la población (relación entre población mayor de 65 años y menores de 15 años) nos es totalmente desfavorable. Según el último informe de la sempiterna OCDE en España en el año 2050 cada 100 personas en edad laboral mantendrán con sus cotizaciones a 76 pensionistas. Vivir mas es siempre una noticia alentadora, y sobre todo cuando se hace con calidad de vida. El problema está en quienes van a contribuir para mantener este estado de bienestar. El envejecimiento de la población presiona de manera insistente sobre la sostenibilidad del sistema. Hacen falta más personas trabajadoras y con mayores cotizaciones para poder hacer un sistema de pensiones eficiente. Todo lo que suponga precariedad laboral y bajos sueldos va a repercutir negativamente en las pensiones a corto-medio plazo. No es cuestión de hablar de datos de paro y cotizantes a la Seguridad Social, es cuestión de empleo digno y de cotizaciones acordes con el estado de un país que se dice puntero en una Europa de primera línea. La población inmigrante, con trabajos dignos y reconocimientos de sus derechos puede ser una alternativa al envejecimiento de nuestra sociedad. Sólo Japón y Corea del Sur han vivido y van a vivir un proceso de envejecimiento tan intenso como el español en 75 años.
La solución para algunos es bien sencilla, «Trabajar más tiempo, jubilarnos más tarde y cobrar menos pensión». Hay otra más drástica pero no está en nuestra mano ‘Morirnos antes’.
