El pasado oscuro de Zona Franca
El caso ‘Quality Food’ llega a la Audiencia Provincial, donde se arrojará luz a una supuesta estafa millonaria con dinero público
El ‘caso Quality Food’ llega a la Audiencia Provincial tras una década en los juzgados a golpe de denuncias y recursos. La Sección Tercerá será la encargada de arrojar luz a uno de los asuntos más turbios de la Zona Franca de Cádiz. Toca ahora ... aclarar cómo se gestó una supuesta estafa millonaria cometida supuestamente por el empresario Manuel García Gallardo en connivencia con los entonces responsables del recinto fiscal Miguel Osuna, delegado entonces de la Zona Franca, y su jefe de Gabinete, Manuel Fedriani. La Audiencia Provincial tiene que descubrir qué se escondía tras esa empresa alimenticia creada para elaborar platos combinados destinados a centros públicos. El juzgado cerró la instrucción en 2015—abierta desde 2005 con una querella de Zona Franca al empresario— en un auto en el que mantenía la acusación contra el empresario Mauel Gallardo, su familia, el exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna, y el que fue su jefe de Gabinete, José Manuel Fedriani, para quien la Abogacía del Estado solicita siete años de prisión por presunta malversación y fraude, al igual que para el exdelegado Miguel Osuna. La Audiencia juzgará si se cometieron irregularidades en la compra de las acciones de Quality Food, si la operación se hizo de espaldas al comité ejecutivo de la Zona Franca y si el empresario Manuel García ocultó la deficitaria situación de la empresa para enriquecerse ilícitamente a costa de la Zona Franca con el conocimiento del entonces delegado y la participación del exjefe de gabinete del Consorcio. Fue en el año 2000 cuando García Gallardo, por aquel entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando, creó la empresa Quality Food Industria Alimentaria S.A, destinada a crear platos preparados para comedores y hospitales, que poco después se alió con Zona Franca, con Miguel Osuna como delegado y Teófila Martínez como presidenta del pleno del Consorcio, y fue creciendo gracias a subvenciones recibidas, supuestamente, a la simulación de facturas de obras que nunca se realizaron, por lo que ahora la Audiencia juzgará la supuesta estafa de unos 30 millones de euros a las arcas públicas.
