OPINIÓN
Un parche humanitario
Además de violar las normas solidarias básicas, la llegada del ‘Open Arms’ no solventa nada
Por todos es conocido que el sistema de acogida en la provincia de Cádiz ha tocado techo. Hace muchos meses que, tras el año de mayor presión migratoria que se recuerda, ha colapsado. El resto de emplazamientos de acogida de migrantes en Andalucía también está ... sin plazas. Especialmente compleja es la situación en los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Las ONG que trabajan con el Estado y la Junta hace mucho que encendieron las alarmas. Advierten de que, a medio plazo, la situación es insostenible. Con un cuestionado sistema de acogida, se requieren cada día más medios para dar respuesta humanitaria a la masiva llegada de pateras a las costas.
Este viernes, mientras el Consejo de Ministros aprobaba el relevo en el Mando Único del Estrecho con el argumento exclusivo de que fue nombrado por el Gobierno anterior, llegaban a San Roque 308 personas a bordo de un barco tristemente célebre que los rescató del mar. Los responsables de la nave tuvieron que recordar la obviedad: la Ley dice que los rescatados tienen que ser trasladados «al puerto seguro más cercano» y, sin embargo, han tenido que recorrer todo el Mediterráneo en ocho días de travesía para llegar a una zona que ya sufre una situación migratoria muy compleja, sólo comparable a la de otros dos o tres puntos de todo el Sur de Europa, en Italia y Grecia.
Por incongruencias como esta y una vez salvada la única prioridad –la vida de los rescatados–, la oposición ha salido en tromba a pedir que el Gobierno defina de forma estable la política en materia de inmigración que va a tener a partir de ahora. El «efecto llamada» que denuncia Pablo Casado o la incapacidad que critica Antonio Sanz se deben a este tipo de contradicciones que convierten un acto humanitario ineludible en un precedente político utilizado por irresponsables dirigentes en varios puntos del mundo.
«¿Qué piensa hacer cuando llegue otro barco?», se preguntan los líderes populares, como tantos ciudadanos, especialmente en la provincia de Cádiz. Lo que resulta triste es hacer publicidad y propaganda política de una desgracia fruto de la tarea de muchos grupos mafiosos. El problema no se afronta con 400 euros para que se vuelvan a un lugar del que huyeron por pánico a la guerra, al hambre, la violencia o la persecución política. La solución tiene que pasar por medidas globales, internacionales y permanentes, que vayan más allá del humanitario parche.
