Retorciendo la equidad

Habrá quien, por convicción, esté en contra de la educación concertada, confiando en cualquier texto legal que intente dificultar su existencia. Muchos quieren que olvidemos su papel básico en el sistema educativo español, aunque haya argumentos sólidos para defenderla.

Sin embargo, la clave de esta ley no está, en proteger a la concertada de sus ataques. La diferencia con otras anteriores es que mete sus zarpas en ámbitos hasta ahora no explorados. Bajo la coartada de defender erróneamente la «equidad»- término clave en la forma de entender la palabra «igualdad» en nuestra Constitución - esta ley pone en jaque cuestiones básicas que funcionaban razonablemente bien en nuestro sistema educativo y legitima otras que arrastraban problemas estructurales.

El primer punto conflictivo es que dinamita uno de los pilares básicos de todo sistema educativo eficiente: el esfuerzo. Alumnos, docentes e, incluso, inspectores educativos estarán regulados con arbitrariedad. Los primeros podrán pasar de curso «sin límite de suspensos», los segundos verán sus títulos de posgrado convertidos en papel mojado y los terceros podrán ser elegidos sin necesidad de aprobar una oposición. Una ruleta rusa educativa carente de mérito.

La segunda cuestión escabrosa es el desmontaje paulatino de la educación especial. Amparados en un informe sesgado de la ONU, que demostró desconocer el trabajo encomiable que hacen estos centros, la ley propone, integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros educativos ordinarios. Sin memoria económica, el texto no prevé cómo se financiará esta idea feliz. Incluso llega a afirmar, en la disposición cuarta, que la medida no provocará aumento alguno de gasto. A parte de la falta de rigor en este ámbito, la ley deja de lado la opinión de los padres de alumnos con necesidades especiales. Muchos de ellos se han manifestado en contra de la misma. Sus razones tendrán.

La tercera cuestión en la que erra la LOMLOE es en dotar de instrumentos legales a la eliminación definitiva del castellano en los itinerarios educativos de regiones con lenguas cooficiales. Sabíamos que la legislación se incumplía sistemáticamente en esas regiones, ocultándose, incluso, informes de la alta inspección educativa. A partir de ahora, la desigualdad lingüística tendrá amparo legal. Una estrategia que, entre otros aspectos negativos, propicia el fracaso escolar de quienes no hablan las respectivas lenguas cooficiales.

Todos esos elementos, así como otros detalles que, según apuntan muchos expertos, rozan la inconstitucionalidad, conforman un cóctel explosivo. Una ley con un importante hedor sectario que confirma lo que ya en su momento expresó la ministra: "que los hijos no pertenecen a los padres", dando a entender que son responsabilidad única del Estado, tal y como ocurre en los regímenes totalitarios que a algunos miembros del Gobierno tanto le gustan. Por eso, aunque los jóvenes universitarios están a la cabeza de esta causa, son los progenitores y los docentes los que tendrían que alzar la voz y luchar, con los métodos legales existentes, para que la ley se paralice.

No hay duda que la LOMLOE será, en el futuro, desechada cuando el signo del Gobierno cambie. Lo grave de este caso es que, mucho me temo, que los tentáculos de la coalición socialcomunista harán que ésta se mantenga en vigor más de lo que a algunos nos gustaría. Y es que, como dijo el otro día uno de sus socios preferentes y parlamentario de EH Bildu: «esto no ha hecho nada más que empezar»