¡Pacto educativo, otra oportunidad perdida!

En estos días está finalizando la tramitación parlamentaria de la LOMLOE, la octava ley educativa desde la Constitución del 78 y ante este hecho, parece que irremediable, creemos importante preguntarnos si es esta la ley que la sociedad española necesita.

La respuesta, al menos por la contestación que la citada norma tiene por parte de importantes grupos sociales es NO, como refleja el hecho de que la plataforma MasPlurales haya recogido dos millones de firmas pidiendo que no sea aprobada.

Lo más importante, sin embargo, es que se ha perdido de nuevo la oportunidad de llegar a un “Pacto de Estado por la Educación” que dote de estabilidad al sistema educativo, tan castigado por las sucesivas leyes partidistas y “provisionales” como es el caso, por ejemplo, de las últimas: la LOE (2006) y la LOMCE (2014). En este sentido, la denominada Ley Celaá es, lamentablemente, una vuelta acrítica a la LOE; catorce años después , lo único que plantea para resolver las innumerables necesidades y elementos a reformar del sistema educativo, es una vuelta atrás.

Nuestro sistema educativo necesita consenso y estabilidad, no lo contrario, pero esta ley ha rechazado el diálogo y el acuerdo con importantes sectores de la Comunidad Educativa, como son, por ejemplo, las Asociaciones de Centros, los Sindicatos de Profesores o las Asociaciones de Madres y Padres .

Los centros de iniciativa social, es decir, los centros concertados, somos parte de la sociedad civil y como ella, diversos y plurales. Creemos que esta pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor desarrollo integral de la persona.

La enseñanza concertada posibilita un modelo heterogéneo e inclusivo , deseamos una educación pública y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos.

Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada , sin embargo, la LOMLOE permite a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basándose en la planificación arbitraria de la Administración, por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.

De igual manera, pensamos que los alumnos con necesidades educativas deben integrarse en centros ordinarios, pero el concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Si de verdad lo que preocupa es la mejor integración de este alumnado , se hace necesaria una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.

En la LOMLOE no se hace una verdadera apuesta por la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativo, cuando está demostrado que cuanto mayor es la autonomía de los centros estos resultan ser más eficientes.

Creemos que el Estado tiene la obligación de financiar, adecuadamente, los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos y que esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, es decir, que ambas redes tienen que prestar un servicio educativo de igual calidad y al alcance de todos.

En definitiva, con la dicotomía planificación-libertad, la ley Celaá opta por la planificación y por el dirigismo de la Administración, por lo que estamos, una vez más, ante otra oportunidad perdida para el Pacto Educativo.