Maldita partitocracia

Los que los critican, lo hacen por entender que son organizaciones tiránicas y antidemocráticas. Vienen a asumir el riesgo cierto del Estado de partidos. Entienden que el mandato representativo no se desarrolla convenientemente, impidiendo conformar el deseo y el interés objetivo entre el Estado y los ciudadanos. Sólo, volvería a imperar la legitimidad perdida, cuando los ciudadanos sean conocedores que votan con la convicción de promover el interés nacional, sobre los intereses o principios particulares. De tal modo que el gobierno que así se formase se sustente en lo que Schumpeter denominó «la contienda competitiva por el voto ciudadano». Fue en los años sesenta cuando se vislumbró una situación de crisis que agrava cada día su presencia en el espectro político. Entonces, comienzan a producirse grandes transformaciones en las sociedades occidentales. Los partidos sólo buscan maximizar sus votos, convirtiéndose inexorablemente en fuerzas de mercado. Desde esa década, se ha venido considerando que los grupos sociales y la acción colectiva serán los herederos de los partidos como agentes políticos de la representación política. Dejando la función mediadora que vienen desarrollando los partidos, para que sean ejecutadas por el pluralismo corporativo a través de agencias estatales, grupos de interés especializados o en su caso echando mano de mecanismos de democracia directa, bien con referéndum masivos o a través del uso telemático que ofrece las nuevas tecnologías de la información.

Pero, los partidos se han ido reinventando. Más, por el interés propio de las élites gobernantes, que por la convicción de su participación en la conformación del interés general. Siendo la base de cualquier partido el ciudadano, hemos de diferenciar en su organización, entre aquellos que son miembros del partido, de los que no lo son. Entre los miembros, los simples afiliados y los militantes. Dentro de estos están los denominados “creyentes”, que participan en sus designios guiados de un incentivo colectivo, identificándose con el partido y su ideología y que trabajan por la causa que representa el partido. Junto a estos están los llamados “arribistas”. Son los que participan en política guiados por un incentivo selectivo, relacionados con ambiciones materiales, de poder o de estatus y que en cualquier caso buscan el beneficio propio por encima de otra consideración. Quedan dos niveles aún, los que trabajan en el partido como contraprestación de un sueldo y en última instancia, los dirigentes. Éstos responden del funcionamiento del partido, que lo conforman sobre bases oligárquicas de funcionamiento. Resta enunciar «los otros», los paganos, los que, sin ser miembros del partido, se encuentran en el fondo y en la forma dentro de su esfera de acción. Son los votantes y los simpatizantes, que se diferencian de aquellos en que además de votar al partido, defienden ocasionalmente sus postulados, incluidos sus aportaciones económicas esporádicas para su sostenimiento o el impulso de causas puntuales.

Pues bien, la causa más probable de la crisis de afiliación de los partidos, ha sido la aparición del Estado de bienestar, que ha homogeneizado las condiciones sociales, lo que ha aplacado las virulentas contiendas políticas de antaño, cuando ciertas clases sociales se emancipaban política y socialmente.

A esto hay que añadirle el abuso de poder y la corrupción en los mecanismos de financiación de los partidos, cuando la financiación no es sino en beneficio personal. Sólo que la corrupción no termina con que se lo lleven crudo el partido o el político. La mayor corrupción supone la asunción de cargos ejecutivos por políticos que no saben hacer la «o» con un canuto. Lo que adquiere tintes dramáticos en el estercolero político patrio. Ésta especial forma de «corrupción», en términos de interés general, es determinante y fundamento del mal funcionamiento de las instituciones públicas españolas. Y todavía hay quien defiende que el bolsillo de cada uno de nosotros, no es el mejor lugar para guardar nuestro dinero. Claro, porque en esa apreciación prima el «interés privado» del político, sobre el interés público, suma del interés privado ciudadano.

No pretendo el canje de la democracia por el de la epistocracia, es decir, el gobierno del que sabe. Pero, una cosa son los cargos representativos, de los que emanan la soberanía popular y que son elegidos en elecciones libres y por tanto todos debemos poder optar y otra, las cuotas de género, las de territorios, los amiguetes por el hecho de serlo… con independencia de los conocimientos que se acrediten para impulsar y gestionar el interés colectivo, que debe ser asumido exclusivamente por el que sabe. Dicho sea en neutro, neutral, para que nadie se moleste.