La justicia llama de nuevo
Dos exalcaldes de Rota regresan al banquillo, ahora por temas urbanísticos
Dos exalcaldes de la provincia pasan de nuevo por el banquillo de los acusados. La particular forma de entender la adjudicación de contratos públicos por parte de los exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos, y de Eva Corrales, del PP, los ha llevado ... a enfrentarse ante la justicia en varias ocasiones. El ‘caso Uniformes’ y el ‘caso horas extras’ son dos ejemplos de la corrupción política en el consistorio roteño.Ahora, la justicia vuelve a llamar a la puerta de ambos exregidores, pero esta vez por delitos urbanísticos.El fiscal sostiene que se adjudicaron obras de forma arbitraria para favorecer a un empresario. Anticorrupción pide para el exalcalde cuatro años de cárcel y para ella doce de inhabilitación por el denominado ‘caso de los convenios urbanísticos’.
El curriculum judicial de ambos es amplio. El Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2018 la sentencia del ‘caso Uniformes’ y ratificó todas las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Cádiz en noviembre de 2016, entre ellas la condena de un año y medio de prisión y 13 de inhabilitación para el ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez, así como los siete años de inhabilitación para la también ex regidora roteña Eva Corrales (PP). El Alto Tribunal desestimó los recursos de casación interpuestos por los condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz. También el recurso por infracción de ley presentado por el Ministerio Fiscal. El Supremo corroboró que Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota de 2003 a 2010, aprovechó su cargo público para adjudicar contratos a favor de un entramado empresarial que él mismo creó con objeto de obtener beneficios económicos ilícitos con cargo a las arcas municipales. El ayuntamiento que gobernaba Sánchez adjudicó desde 2004 contratos de suministros a empresas relacionadas con é y con otros responsables municipales.
Por su parte, Eva Corrales, del PP, ingresó en prisión por simular la adjudicación de un contrato público a un funcionario municipal durante su etapa como regidora. El Tribunal Supremo confirmó la pena de cuatro años y medio de cárcel que la Audiencia de Cádiz impuso a Corrales por el denominado ‘caso horas extras’, como autora de un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa. La condena incluía además ocho años y medio de inhabilitación especial para cargo público y multa de 2.700 euros.
