OPINIÓN
Los jueces también lloran
Muchas personas se sienten enojadas porque la banca haya presionado al Supremo para que modifique un rumbo favorable al usuario, poniendo en entredicho su independencia y prestigio
Cuando los poderes públicos no garantizan suficientemente los servicios y bienes que los ciudadanos necesitan para vivir dignamente, éstos constituyen objeto de negocios privados muy lucrativos. Si la sanidad pública no funciona, eso representa una buena noticia para las aseguradoras privadas que normalmente pertenecen a ... los bancos; si las pensiones resultan insuficientes, los mismos pueden vender planes de jubilación, y cuando la enseñanza pública parece deficitaria florecen los colegios y universidades privadas, cuyo coste es inasequible para la mayoría de la población. Por esta razón, el desinterés por los programas de construcción de viviendas sociales en nuestro país, junto a la debilidad de los sistemas públicos de alquiler social, y la liberalidad en el control de los contratos de arrendamiento, ha extendido en España el negocio hipotecario hasta extremos inusuales en el resto de los naciones europeas próximas. Bastantes dramas se han producido entre la población a causa de la esclavitud de las hipotecas, hasta el punto de llegarse a dar instrucciones a la prensa para que no publicasen noticias sobre suicidios y otros dramas personales, padecidos por familias que en algún momento no pudieron hacer frente a unas obligaciones engañosamente contraídas. En este escenario ha producido notable desencanto la resolución del Tribunal Supremo revocando tres sentencias que favorecían los intereses de los ciudadanos frente a los del poder financiero.
Resulta chocante escuchar a algunos políticos pregonar el derecho a la vida cuando se trata de la interrupción voluntaria del embarazo, a la vez que desoyen el clamor popular para reformar una Constitución que no garantiza el derecho al cobijo, sin el cual no es posible una vida digna. Aunque el artículo 47 del actual texto constitucional reconoce el derecho que asiste a todos los españoles a disfrutar de un techo adecuado, queda en principio meramente enunciativo si leemos el punto 53-3 de la Carta Magna, en virtud del cual este derecho no puede ser reclamado ante la jurisdicción ordinaria. En reciente conferencia del profesor Diego López Garrido, acerca de las reformas necesarias que deberían introducirse en un texto redactado en tiempos durante los cuales era prioritario salir de la dictadura y abrir el sendero de la democracia, se habló de la necesidad de recoger eficazmente los derechos humanos, y también de garantizar la plena independencia del poder judicial, limitada por el actual sistema de nombramientos.
Muchas personas se sienten enojadas porque la banca haya presionado al Alto Tribunal para que modifique un rumbo favorable al usuario, poniendo en entredicho la independencia y el prestigio de los magistrados, empleando un mensaje de asombrosa rudeza: “si perdemos acabarán por pagarlo los ciudadanos“. Algunos comentaristas indican que ningún país puede progresar con un sector financiero que piensa así: una banca miope que no invierte en bienestar sino en ladrillos. Y no olvidemos que nuestro Estado gastó la mitad del producto interior bruto de la Nación, en rescatar a unos bancos que pertenecen a sus accionistas, y no se trata por tanto de un sector estratégico, sino de un negocio privado. Se han leído artículos muy críticos acerca de este triunfo de la banca que desacredita al Tribunal Supremo, el cual parece que ha atendido a razones más de política que de justicia; no es la primera vez, lo hizo con la cláusula suelo, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revocó su sentencia. Al menos no se podrá decir que la justicia es lenta, en esta ocasión ha sido rápida y eficaz.
