Esperemos que no sea tarde

En ocasiones me parece que existe falta de conciencia social en algunos representantes de la Administración de Justicia de nuestra provincia, a los que tengo mi mayor respeto y consideración, ya que al analizar la situación real que se padece en toda España por la crisis sanitaria provocada por el maldito coronavirus o Covid-19, parece que anteponen, por motivos que no alcanzo a comprender, el castigo a la clemencia, y la adopción de una medida cautelar como es la prisión provisional (y por tanto, sin juicio ni condena previa), al Derecho a la Salud y/o la Integridad Personal, no solo de las personadas Investigadas no condenadas (que también), sino de aquellos familiares mas próximos del investigado (casi todos con hijos menores), ante el evidente riesgo sanitario que padecemos en la actualidad en nuestro país, y en todo el mundo.

Permítanme decir públicamente, que no nos parece lógico que se mantengan en estos momentos esa medida cautelar de prisión provisional, contra una persona que no ha sido aún juzgada, y que se ponga en grave riesgo, no solo su salud por el internamiento en un centro penitenciario, sino el de otras personas que puedan depender de él, y que son totalmente ajenos a procedimiento penal alguno.

Consideramos que, aunque siempre la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, debe ser adoptada de forma muy restrictiva, y así lo tiene establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por supuesto, nuestro Tribunal Constitucional, ahora más que nunca debe suprimirse esa medida cautelar ante la alarma sanitaria que sufrimos, limitándose, única y exclusivamente, a delitos extremadamente graves que todo el mundo fácilmente comprendería que se adoptara, y donde existiera un verdadero peligro físico para las personas.

En un país donde el Gobierno ha dictado un Decreto de Alarma, que mantiene el confinamiento de toda la población en su domicilio, que ha cerrado sus fronteras, y en que entre otras muchas medidas, ha paralizado, aún mas, la Administración de Justicia, no parece lógico que algunos juzgados y tribunales, se sigan amparando en que pudieran existir los siempre reiterados y socorridos posibles riesgos de fuga, obstrucción a la Justicia y/ o reiteración delicIva, cuando lo verdaderamente importante es la salud y la integridad de las personas.

Aunque sin duda mi opinión pudiera ser entendida como una opinión subjetiva (que lo es), no parece que sea arbitraria y lejana a la realidad, ya que el propio Consejo General del Poder Judicial ha procedido a dictar acuerdo por su Comisión Permanente el pasado día 20 de Marzo, suspendiendo todas las comparecencias periódicas de personas Investigadas en causa penal, durante el tiempo de vigencia del Estado de Alarma, como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, salvo casos excepcionales, y en esos casos, se utilizarán medios alternativos a la presencia física (teléfonos, correo electrónico,etc.), y sin embargo, reiteramos esta Alarma Sanitaria no parece haber llegado aún a la conciencia de algunos representantes de la Administración de Justicia de Cádiz, para que se aplique a las personas que se encuentran investigadas en situación de prisión provisional (y por tanto, que no han sido juzgadas): esperemos que no sea tarde cuando tomen conciencia de ello.