El Barrio soy yo

Dicha nueva demostración de la capacidad de entorpecer la cotidiana marcha de una ciudad fue protagonizada por unas cuatrocientas personas que, bajo el lema “Contra la Represión. El Pueblo Responde” se sentían heraldos del rechazo mayoritario -dicen- a la acción de la Justicia. Y sucede que mientras se llevaba a cabo tal exaltación del sentir popular, el resto de los quinientos mil habitantes de la Bahía de Cádiz (cien mil arriba o abajo) se solazaban en su casa, en los parques o en los centros comerciales aprovechando la magnífica mañana que el día regaló. Incluso en el Río San Pedro (barriada que cuenta con una población de cinco mil quinientos habitantes) disfrutaban sus buenos vecinos de sus acaeceres sabatinos ordinarios sin ánimo de perturbar a sus primos de allende el puente, lo que no deja de llamar la atención si repasamos los titulares de prensa de la pasada semana y releemos aquella advertencia proferida por un detenido el día 11: «Si juzgan a seis por los disturbios del Metal tienen que juzgar a todo el Río San Pedro».

Pues mire, no. Ni van a juzgar a toda su vecindad ni ésta ha demostrado que les arropa por el mero hecho de que enarbole un certificado de empadronamiento. No se ha detenido de forma indiscriminada a doscientos manifestantes ni existe ninguna orden oscura gubernativa que busque amedrentar a la clase trabajadora para que no reclame los legítimos derechos que les puedan corresponder.

La causa de la movilización, que se soñaba masiva, deviene de la detención y puesta a disposición judicial de seis individuos a los que se les imputan presuntos delitos de desórdenes públicos, daños, lesiones y atentado contra los agentes de la autoridad. Según se ha podido saber, de los seis detenidos hay tres que no tienen ninguna relación con la lucha obrera; y entre estos, dos cuentan con antecedentes penales nada acordes con la filosofía política eco-pacifista, resiliente y pan-andalucista.

Esos seis detenidos (incluidos los dos supuestos ex presidiarios) cuentan con todas las salvaguardas y mecanismos que ofrece el Estado de Derecho para defender su inocencia frente a una acusación que creen injusta y tendrán que someterse, como todo hijo de vecino del Río San Pedro, a un debido juicio justo con todas las garantías. Entre otras cosas, porque se les acusa de causar destrozos que tenemos que pagar todos y de perturbar la vida de gente inocente que, aunque también trabajadores afectados por la salvaje subida del IPC, no secuestran a su vecindario exigiendo un tratamiento distinto.

Solo hay una diferencia cualitativa entre esos seis imputados y cualquier otro vecino que corra la misma y desgraciada suerte de enfrentarse a una acusación penal. Y es la que “los seis” no tienen que preocuparse por pagar abogado que lleve a cabo la noble tarea de tratar de sacarlos indemnes de esta. Para eso está la bolsa de “solidaridad” del Coche-Escoba político que anda detrás de todo esto… sin que se siente al banquillo ningún autor intelectual avivador de hogueras.

Habrá que ver el importe de la cuota de solidaridad de estos cuando algún vecino, alegando una justa causa, ponga una mesa petitoria en la puerta de su bloque…