Un sistema inútil de emergencias nacional

La ley a la que me refiero es la 17/2015, del 9 de julio, por la que se articulaba un nuevo Sistema Nacional de Protección Civil con el propósito de hacer un mayor «énfasis en la prevención» para garantizar la perfecta coordinación y eficacia de las Administraciones Públicas ante situaciones de emergencia como esta, aunque quizá no así. El Estado era tan capaz que su intervención operativa iba a centrarse en los casos de emergencia de interés nacional. Tan atrás quedaba la ‘ vieja ley ’ de Protección Civil de 1985, que hasta se endulzó el discurso que la identificaba doctrinalmente como la protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden «peligrar y sucumbir masivamente», para rebajarlo a términos menos tremendista. Quitarle hierro, vamos.

El pasado 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, donde el Ministerio de Sanidad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad parecen llevar el control de la respuesta. ¿Y dónde queda aquella Protección Civil que hacía énfasis en la prevención, la que quería centrarse en los casos de emergencia de interés nacional y que afirmaba que la vulnerabilidad de las personas era menor? Pues imagino que confinada en su casa. Quizá se olvidaron de leer el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que dice, con toda claridad, que son emergencias de interés nacional aquellas que «requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio». Y no solo en esta situación, sino también cuando la emergencia afecte a varias Comunidades Autónomas y exija la aportación de recursos a nivel supraautonómico, o cuando por sus dimensiones efectivas o previsibles requiera una dirección de carácter nacional. Díganme si esta pandemia no cumple, no una, sino todas estas condiciones.

El «interés nacional» tenía que haber sido declarado de forma automática en la misma forma en que se declaró el Estado de Alarma: notificándolo a las Comunidades Autónomas y, cómo no, informando a la población. Desde ese momento, el Ministro del Interior debió asumir el mando único de la emergencia, convirtiéndose el resto de Administraciones en entes colaboradores, y la Unidad Militar de Emergencias, en la dirección operativa de la emergencia bajo las directrices del Ministerio del Interior (art. 37.4). Pero no; en su lugar, la dirección superior la ejerce el Presidente del Gobierno, convirtiéndose el Ministro del Interior en una de las autoridades delegadas de los cuatro Ministerios involucrados en la gestión de la crisis. A la UME ni siquiera se le conceden atribuciones en este decreto de Estado de Alarma. Todo lo más, en la Orden de Interior INT/228/2020 del día siguiente se les pide a los demás servicios de protección civil autonómicos y locales que «continúen» con la «gestión ordinaria» de sus competencias habituales, adoptando las medidas que estimen necesarias: ¡una gestión ordinaria, a su libre albedrío, en medio de una catástrofe extraordinaria!

Miren, no es que haya fallado el Sistema Nacional de Protección Civil; no, no es eso. ¡Es que no se ha activado el interés nacional! Y no cabe de ninguna manera confundir el Estado de Alarma con la declaración de interés nacional de protección civil, ya que cada cual tiene su misión: el Estado de Alarma establece limitaciones, lleva a cabo requisas y garantiza abastecimientos, pero no ejerce labores de prevención, planificación, coordinación y respuesta ante emergencias. Para eso está, o estaba, si es que aún existe, Protección Civil. Insisto, no es que haya fallado el sistema: ¡se les ha olvidado apretar el botón! Imagínense que todo está preparado para el día del incendio; hemos hecho un plan de autoprotección, hemos formado e informado al personal, nos hemos gastado un dineral en los equipos y sistemas de extinción, y cuando llega el momento, ¡al responsable de activar el sistema se le olvida apretar el botón! No es que al apretar el botón haya fallado el circuito de agua, no: ¡que no se han acordado de apretarlo! Eso es exactamente lo que ha pasado en España. Pero es más, no solo correspondía la declaración de interés nacional, sino que se debió haber activado el Plan Estatal General (art. 15.1) y actuar según el guion establecido; un plan que, después de cinco largos años desde la aprobación de la ley 17/2015, ¡tampoco existe! Y además, para completar el desatino, el Ministro del Interior pone en marcha un Centro de Coordinación Operativa (CECO) de Protección Civil, que solo tiene sentido dentro de un plan prediseñado que, como digo, aún no existe. ¿Qué plan has activado, señor Ministro, para activar el CECO? ¿El de incendios forestales? ¿El de inundaciones? Activa estructuras de planes inexistentes para gestionar una emergencia nacional, a la que no le otorgan carácter o interés nacional, y le encarga al Centro Nacional de Emergencias que recopile informes de lo que, a su criterio, hayan llevado a cabo los servicios de protección civil de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

La respuesta de la Protección Civil italiana, de la que solo algunos conocíamos su nivel de preparación (que no su eficacia), ha sido totalmente distinta. Enseguida se aferraron a su ley nacional de protección civil de 2017 y, en su Orden 630 del 3 de febrero pasado, el Jefe del Departamento de Protección Civil nacional se hizo cargo de todas las actuaciones y coordinación de las intervenciones con las que afrontar este riesgo derivado de agentes virales transmisibles. Es cierto que en Italia las cosas no han ido tampoco muy bien, pero también es verdad que no tuvieron como nosotros un país próximo que les sirviera de señal de alerta para actuar antes y mejor. Aquí, por el contrario, nos bailan hasta las cifras. Por fallar, falla hasta la transparencia informativa y mejor no hablar de los grandilocuentes objetivos de la Agenda 2030, donde nadie iba a quedar atrás. Verborrea política de última generación, que sigue creciendo exponencialmente en este país a un ritmo inversamente proporcional a la más cruel realidad, donde al Sistema Nacional de Protección Civil ni está, ni se le espera . Así que, si no les importa, apaguemos la luz y cerremos la puerta.