Inmediatamente

La crisis económica que destrozó España en 2007, cuando el inefable ZP sugirió una mera desaceleración económica, puso de relieve las debilidades del modelo laboral español. La crisis puso en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro de relaciones laborales. La UE exigió para evitar el rescate económico una serie de reformas estructurales. La más importante desde la óptica del trabajo fue aquella que modificó ciertos artículos del Título III del Estatuto de los Trabajadores sobre Convenios Colectivos. En materia de negociación colectiva se dispuso la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, se dio prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula el régimen de la ultra actividad de los convenios colectivos. Cuestión esta última corregida por los tribunales con una interpretación absolutamente contraria a los principios y valores sustentadores de la reforma operada por mor de la Ley 3/2012. Las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa en un mercado competitivo, el de la UE y el que es producto de la globalización.

La nueva ministra del ramo ha dicho como prioridad inmediata, reponer la negociación colectiva en el lugar donde se encontraba antes de la crisis. Hasta ese momento pasado, año 2012, el presente de la normativa laboral española era reducto de una época que yo no quisiera recordar, la franquista. Entre la Ley de la Memoria Histórica y el inmovilismo sindical, patronal y de los poderes públicos por no adecuarse al presente, modificando los principios del régimen político anterior en lo que al ordenamiento laboral se refiere, no tengo más remedio que pensar que más de uno añora en demasía el pasado. La imperiosa necesidad de reforma del régimen jurídico de la negociación colectiva tropieza no sólo con las resistencias internas existentes en las estructuras sindicales, organizadas en federaciones o confederaciones de carácter sectorial, sino por similares formas de organizarse las organizaciones empresariales. Existe y ha existido desde siempre una profunda resistencia interna desde éstas organización a los cambios en el modelo de negociación. Tan evidente es, que la propia patronal lo reconoció abiertamente trascendiendo la noticia a la prensa económica y publicado el desliz.

En concreto, lo ha hecho refiriéndose al sector del metal, el que regula las condiciones laborales de la industria por excelencia. Y lo ha hecho desde la autocrítica, acertando de pleno, «como se convence al sector del metal, el más importante de España de la necesidad de suprimir convenios provinciales, cuando sus acuerdos son de éste ámbito», recordando a continuación CEOE que tanto en ella misma como en los sindicatos hay muchas federaciones o confederaciones por ramas de la actividad que «entienden que el convenio colectivo es parte fundamental de su organización, lo que dificulta ostensiblemente avanzar en otra dirección». Las castas cuasi funcionariales creadas en las organizaciones patronales y sindicales más representativas, financiadas hasta fechas recientes con cargo al erario público, fundamentalmente a través de acciones formativas de más que dudosa eficacia práctica, pocos eficaces y menos eficientes, justifican su pervivencia precisamente en la existencia de ámbitos de negociación de carácter sectorial y por lo tanto excediéndose del de la empresa. Ahora, sindicatos y patronales pretenden subvenciones directas de los poderes públicos por su participación en la negociación colectiva sectorial, que sin ninguna duda será el epicentro de la reforma que se avecina.

Pero situémonos en Cádiz. Un informe de Confemetal manifiesta que el convenio industrial por excelencia, el sectorial provincial del metal, es el segundo en el Estado con costes salariales más altos. Y apuntilla, el peón en el de Cádiz supera el salario de un ingeniero en Jaén. El territorio más parecido al paraíso terrenal, nuestra provincia la de los dos mares, está incapacitada en el orden económico, por disponerlo de manera decidida y sin fisuras los poderes públicos, sindicatos y patronal.

La responsabilidad es de todos ellos. Llevo pregonando que los problemas de desempleo de Cádiz mucho tienen que ver con la negociación colectiva. Patronal y sindicatos son responsables de determinar el coste del factor de producción por excelencia por encima del nivel admitido en mercados competitivos. Ello conlleva necesariamente a que se reduzca la demanda de trabajo, lo que provoca desempleo. La asignación resultante del trabajo es ineficiente y poco equitativa. El empleo se sitúa por debajo del nivel de eficiencia y competitividad. Es una situación poco o nada equitativa porque unos trabajadores se benefician a expensas de otros.