El Apunte - Opinión
De la injuria a la verdad
Una vez que la Justicia, por segunda vez, dice que no hay calumnias falta saber qué pasó en Loreto
La reacción del Partido Popular era previsible pero eso no le quita un gramo de respeto a sus argumentos. Han sido rechazados, por dos veces, por estamentos judiciales pero eso nos los anula. Se consideran ofendidos por las acusaciones del alcalde, su jefe de gabinete y un exconcejal pero ahora es la Justicia la que debe dirimir si esa ofensa es, además, una injuria y una calumnia .Por ahora, por dos veces, dice que no.
Los miembros del anterior equipo de Gobierno están apoyados en el sentido común al asegurar que es un ataque personal acusarles de ocultar informes bacteriológicos a la Junta y permitir que se distribuyera agua contaminada en Loreto , en otoño de 2014. Afirman que decir eso es «miserable» pero la Justicia entiende que está dentro del juego político de ataques, reproches, petición de responsabilidades y lanzamiento de palabras gruesas.
El Partido Popular ha llegado a declarar en estos meses que sólo encuentra el odio como posible motivación para la presunta mentira. El Gobierno que preside José María González Santos dice que quiere encontrar la verdad y mostrarla, que el tiempo dará y quitará razones. Por ahora, la Fiscalía se suma al Juzgado de Instrucción número 3 que ya archivó la demanda por injurias y calumnias presentada por el PP contra el alcalde y dos colaboradores. El regidor y su equipo –ayer, ufanos– se aferraban firmes a esa acusación que ya tiene más de un año. La basaron en un informe técnico que los populares desprecian por parcial y dirigido, hecho de forma deficiente por técnicos que no conocieron del caso.
Llegados a este punto, cuando el escándalo mayúsculo , gravísimo, ha mutado en recuerdo desagradable resulta imprescindible aclarar a los ciudadanos que alguien miente. Parece una obviedad pero es la esencia del conflicto. Si Romaní, algún exdirectivo de Aguas de Cádiz o, por extensión, Teófila Martínez son responsables siquiera parcialmente de lo que les achaca el informe, las consecuencias deben ser muy severas.
Es ineludible, también, afirmar que si lo contenido en el estudio técnico fuera falso, o erróneo, si hubiera sido exagerado o manipulado de alguna forma, el tamaño del ataque del alcalde y sus colaboradores resultaría desproporcionado . Les inhabilitaría para la representación pública el hecho de haber inventado tal patraña por más que la Justicia diga que no es delito.
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