Un inexplicable retraso de 40 años

Definitivamente, el alcalde de Cádiz -incluso todo el gobierno municipal y la nueva fuerza política a la que representa- no tiene el don de la oportunidad. Ni la menor idea de lo que supone la política institucional. El regidor gaditano es, por más que se resista a entenderlo, el representante de todos sus vecinos, de los que le votaron (18.000 en una ciudad con casi 125.000 habitantes) y de los que no, de los que piensan como él y comparten su ideología pero también de los que no. Les debe un respeto a todos porque, en cierta medida, es la cara de todos, el delegado de cada uno de ellos. Con esa premisa, resulta muy difícil comprender que se provoquen polémicas de carácter ideológico y propagandístico de forma permanente. La última es tomar ahora medidas legales «contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo en Cádiz, a raíz del golpe de Estado del año 1936 y hasta 1975». Nadie en su sano juicio va a cuestionar que durante el Franquismo se cometieron crímenes, se violaron sistemáticamente derechos humanos y se pisotearon todas las herramientas democráticas. Como en todos los regímenes totalitarios que ha visto el mundo en todas las épocas, incluyendo los que siguen vigentes. No se trata de juzgar el Franquismo. Se trata de prioridades, de sensatez, de hablar sobre las necesidades que tiene Cádiz y la conveniencia de que un gobierno local tan pequeño quiera juzgar un episodio histórico tan grave y amplio. Han pasado 40 años (¡40!) desde que España decidió pasar esa página, de forma más o menos acertada, con más o menos grandeza o concesiones, es otro debate. Ya se tuvo. Desde entonces, la paz entre españoles y el progreso social demuestran que fue un paso acertado.

Nunca conoció este país una etapa de prosperidad tan larga. Volver a revisar ese paso, casi medio siglo más tarde, es inexplicable. Absurdo.