Orden de no actuar
Un pequeño grupo de incontrolados campa a su anchas, quema un pinar y provoca el caos ante medio centenar de agentes altamente cualificados. Sólo hay dos opciones: los policías no hicieron bien su trabajo o simplemente no les dejaron hacerlo
Miércoles. 10.30 de la mañana. Los trabajadores de Airbus Puerto Real se concentran a las puertas de su trabajo para exigir que no se cierre una factoría que alguien ya ha sentenciado desde un despacho de Toulouse. La estampa es la siguiente. Un numeroso ... grupo de cerca de 800 operarios con el drama dibujado en sus rostros, con la preocupación propia del que ve peligrar su empleo. Un grupúsculo de no más de 15 infiltrados a los que la factoría se la trae al pairo pero que ven una ocasión pintiparada para montar bronca. No es su primera vez ni será la última. Una nube de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Tres políticos –la alcaldesa de Puerto Real, el alcalde de Cádiz, y su pareja, la parlamentaria Teresa Rodríguez– a los que nadie ha invitado pero que tampoco querían dejar de salir en la foto y en los vídeos, aunque sea para meter la pata. Ya saben: «Lo que no puede ser es que este alcalde esté aquí solo...» y Elena Amaya dándole un toquecito en el hombro para recordarle que ella también existe. Alrededor de ellos, una cohorte de concejales menores y asesores de todo tipo. Y frente a todos, medio centenar de agentes de la Policía Nacional, en un amplio dispositivo formado por varios grupos especializados de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y UIP (Unidad de Intervención Policial). Auténticos profesionales expertos en orden público y control de masas. Antidisturbios de toda la vida, para que nos entendamos. Con sus uniformes, sus cascos, sus chalecos reglamentarios, sus escudos. Con todos sus avíos.
Los trabajadores tienen autorización para concentrarse en la puerta, pero no para acceder a la carretera. El objetivo del despliegue policial es precisamente que no corten el acceso a los dos puentes y provoquen un caos de tráfico en la Bahía. Todo transcurre con cierta normalidad... hasta que los infiltrados deciden actuar. Se salen del cordón policial, bordean la carretera del Polígono Industrial y se dirigen a la autovía. El responsable del dispositivo informa a su superior. Recibe la orden de no actuar. Con total impunidad se montan las barricadas y arde el asfalto. Alguno, no contento con ello, prende fuego en el pinar. No es el Levante, que sopla hacia el otro lado. Es intencionado. El jefe vuelve a informar. Y recibe la misma orden: «No actuar». Se limitan a avisar a los bomberos. Y el resto ya lo conoce usted. Caos de tráfico y el pinar en llamas.
Sólo hay dos posibilidades. Una, que la Policía hizo mal su trabajo, algo impensable en unidades de tan alta especialización y en una situación relativamente fácil de controlar. O dos, la orden última no fue policial. Fue política. Alguien decidió que no quería fotos de agentes reduciendo o golpeando a un desalmado disfrazado de trabajador de Airbus. Esto es España, un país en el que los malos pueden campar a sus anchas por el miedo de un político al qué dirán, aunque sea una actuación profesional, necesaria y proporcionada. Sea como fuere, los grandes perjudicados son los trabajadores de la industria aeronáutica, a los que meten en el mismo saco que a estos vándalos. También usted, que se pasó horas en el coche y llegó tarde al trabajo, a su casa, a recoger a sus hijos o a su cita con el médico. Y por supuesto, los agentes desplegados, a los que se les impide hacer su trabajo. Y encima algún iluminado les acusará de negligencia. A ellos. Por culpa de un político a kilómetros de distancia y temeroso de las encuestas.
