OPINIÓN

Financiadores y financiados

El Gobierno pensó elevar el 3% las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, el 2% las pensiones de viudedad, el 1,5% las pensiones inferiores a 10.000 € y el 1% las inferiores a 12.040 €

El Gobierno pensó elevar el 3% las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, el 2% las pensiones de viudedad, el 1,5% las pensiones inferiores a 10.000 € y el 1% las inferiores a 12.040 €. Para el resto previó un incremento del 0,25%. El debate político ha hecho desdecirse una vez más al Ministro de Hacienda, haciendo suyo el dicho «donde dije digo, digo Diego». Sin rubor y sin despeinarse, aunque esto no es mérito suyo, sino de la falta del elemento necesario para ello, el pelo que no tiene, modifica el Proyecto de Ley de Presupuestos y se pone al servicio de los separatistas vascos. El resultado, según Orduzar, los vascos han acordado la subida general de las pensiones. Lo que ha supuesto retrasar hasta el 2023 la implantación del factor de sostenibilidad de un sistema absolutamente insostenible. La modificación legal absolutamente imperiosa a juicio de la Exposición de motivos de la Ley, tuvo lugar en 2013. Somos mediterráneos y ello implica una falta de seriedad crónica y estructural. Se justificaba hasta la saciedad que no había que indexar nada a la inflación. Ni los salarios, ni las subidas de pensiones. El SMI ha subido el 4% para 2018, con el compromiso de un alza de hasta el 20% hasta el 2020 y situarlo en 850 €. En materia de Seguridad Social, el déficit previsto para el presente ejercicio ascendía a 18.000 millones. Ahora los vascos exigen un incremento de otros 3.300 millones indexando la inflación a la subida. Lo que pone en riesgo además el compromiso de déficit fijado para este año en el 2,2% PIB.

Pero no solo son preocupante estos incumplimientos, más aún es la consideración de descompensación del Estado en el cuadro macroeconómico que reflejan los Presupuestos. La cifra de gastos del Estado en la LPGE es de 154.000 millones. Ello no refleja sin embargo el peso real del Estado en la economía. Deducidos las transferencias a Administraciones Territoriales, el gasto del servicio de la deuda, las aportaciones a organismos no ministeriales y las aportaciones del Estado a la seguridad Social, quedan 37.700 millones de gasto disponible por el conjunto de ministerios. Cifra prácticamente similar al gestionado por la Generalidad de Cataluña. Los Presupuestos del Estado son de todo «menos del y para el Estado». El peso del nacionalismo destructor del Estado, se refleja fielmente en los Presupuestos desde la Transición. La incursión de C’s en la política española puede ser determinante en el futuro. En Cataluña es la primera fuerza política. Y los nacionalistas vascos tienen serios problemas con ellos, partidarios de la desaparición de cualquier atisbo de privilegios en forma de concierto y cupo. Lo manifestaba el portavoz Esteban, cuando manifestó que «evitamos que C’s llegue a la Moncloa en otoño». Y añade «resulta que los vascos han acordado la subida general de las pensiones, algo que no se planteó C’s. Adiós al embusto de la insolidaridad…». El portavoz del PNV debe saber del déficit del sistema de pensiones en el País Vasco. El desfase entre cotizaciones y pensiones es el mayor del Estado y a la saga Cataluña. Los separatistas han de saber que los españoles por encima de todo somos tontos, pero muy solidarios. Algo que nos engrandece como nación en cualquier caso.

Vivimos en un auténtico galimatías. El centro neurálgico del mismo es el envenenado sistema de reparto del sistema español de Seguridad Social. La llamada solidaridad intergeneracional puede que termine quebrada. Las pensiones siguen indexándose al IPC, mientras los salarios no lo hacen. Éstos son los que determinan la base de cotización, recurso financiero fundamental en un sistema de reparto. Su insuficiencia determina el déficit. Quizás el sacrificio asumido por los financiadores es desmedidos en comparación con la situación de los financiados, los grandes beneficiarios de la crisis.

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