Lo volveré a repetir

En ‘La rebelión de las masas’ Ortega advertía del peligro de lo que sería la dictadura de lo políticamente correcto. En el mundo de las masas no se acepta «lo diferente, lo individual y lo selecto». Quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. Palabras perfectamente aplicables hoy. Más si cabe a colación con la demagoga, sectaria y me atrevo a aventurar inconstitucional Ley de Memoria. Defendió siempre la democracia liberal como el mejor modelo político para Occidente. El problema reside, relataba el filósofo en que, en el origen de los sistemas democráticos, la masa acepta las ideas y los valores de unas élites bien formadas y con capacidad para dirigir la sociedad. El hombre masa no tienen ideas propias. La Ley de Memoria, sustentada para el Gobierno en cuatro principios, verdad, justicia, reparación y memoria, podría sintetizarse como la de desmemoria. El Pleno del Congreso en 2002 aprobó una resolución presentada por IU en la que se condenaba el Golpe de estado del 36 y el régimen de Franco. Se hizo mientras gobernaba Aznar. Se hizo un reconcomiendo moral a las víctimas y se prometió a las familias apoyo para la exhumación de los cadáveres inhumados en fosas comunes. Además, se instituyó un plan para la devolución de derechos a los exiliados y a sus descendientes. La cuantía económica de las reparaciones asciende a más de 16.000 millones. Por lo tanto, los principios que vertebran y fundamenta el bodrio de Ley con las que la izquierda prende hacernos comulgar, no se sustentan.

La Exposición de Motivos de la Ley parte de una consideración en la que los proponentes no creen, la concepción democrático liberal del sistema político. Dice que «España atesora una larga tradición liberal y democrática que surge con las Cortes de Cádiz. Parte de una premisa que para la conjunción PSOE-Podemos es incierta: la asociación terminológica liberalismo y democracia. Y lo digo, porque se da la circunstancia de que quienes defienden las tesis liberales en España, son los que son considerados reaccionarios y contra los que a juicio de los que derraman ‘imbecilitas’ a raudales, procede la lucha antifascista. Entiendo que la Ley carece de fundamento histórico y político, porque ya se ha legislado sobre la cuestión. Es cierto que el derecho a encontrar a los familiares enterrados en fosas comunes no se ha hecho efectivo. Ese derecho hay que hacerlo efectivo y directamente por el propio Estado. Nada de asociaciones financiadas con dinero público, porque dada las circunstancias y el retraso que acarrea, debe ser considerada «cuestión de Estado». Sólo son ejemplos de normas reparadoras las siguientes: Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo; Real Decreto-ley 43/1978, de 21 de diciembre; Ley 35/1980, de 26 de junio, entre otras… casi todas las mencionadas a instancias de la UCD. Sobran las palabras. Aznar que gobernó acertadamente en lo económico, en lo político fue un perfecto bobo. No sólo la boda de su hija, las fotos con los pies en la mesa como mono de repetición de Bush, las concesiones lingüísticas y otras a Pujol, tambié n se quedó sin capacidad de reacción cuando acordó la ‘resolución’ de 2002 referida. Berenguer fue nombrado por el rey Alfonso XIII en enero de 1930 para que restableciera la «normalidad constitucional». El día 17 de agosto de 1930 tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián, donde participaron partidos republicanos. Se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT, con el propósito de organizar una huelga general que fuera acompañada de una insurrección militar. Con las elecciones de 1931 que ganaron los partidos monárquicos con un 80% de los votos, justificaron para la izquierda una concatenación de golpes de Estado de índole local: proclamación de la República en Vigo, en Éibar, en Valencia…y la proclamación de la «República Catalana» en Barcelona.

En España sabemos de golpes de Estado. También de amañar elecciones, no sólo por Romanones. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de ‘1936: Fraude y Violencia’, así lo han demostrado con tipo de detalles. El ascenso al poder del Frente Popular fue un fraude democrático. En el 34 el PSOE y la UGT dieron su peculiar golpe de Estado con la Revolución de Asturias. La Generalitat también lo dio. En 1936 se produjo un golpe de Estado, pero no contra un Estado democrático. Después vino la dictadura de Franco. Execrable como cualquier dictadura: como la cubana o la venezolana. O la del proletariado, la querida por el Frente Popular…Con la ‘Ley’ sólo nos queda la resignificación de la Transición y la exhumación permanente del guerracivilismo.