Socialcomunismo: aversión al trabajo
El comunismo y el socialismo del siglo XXI nos gobiernan, o mejor dicho nos desgobiernan
Cuando las políticas tomadas y relacionadas con el factor de producción «trabajo» son contrarias al desenvolvimiento de éste en el mercado de «factores», sólo hacen confirmar la animadversión socialcomunista al trabajo. El comunismo y el socialismo del siglo XXI nos gobiernan, o mejor dicho nos ... desgobiernan. El PSOE de ahora es la izquierda tangencial con el credo comunista «bolivarianizado». El comunismo es un sistema social sin clases, en el que la propiedad pública de los medios de producción y plena igualdad social de los individuos, que no ciudadanos, son alienados con el Estado y sin ninguna capacidad de decisión.
Para eso está el «Partido», para decidir por el ciudadano que deja serlo. Otra característica atribuible al «socialcomunismo» es su incapacidad de comprender la inevitable erosión de prosperidad y libertad atribuible a sus políticas. Para el comunismo y el socialismo del siglo XXI, o sea, para el PSOE, esas diferencias de clases y rentas son consustanciales al capitalismo y sólo se eliminarán aboliendo o minimizando la propiedad privada, erigida como núcleo y fundamento del sistema. Declarar la guerra a las rentas y al régimen jurídico del Derecho a la propiedad, cuanto más se acerca la praxis socialista a sus fundamentos marxistas, mayor es el daño a la prosperidad y a las libertades de la sociedad en cuestión.
Ese acercamiento es exhibido sin rubor, en Valencia todos con el puño en alto, socialistas y ‘sociolistos’, porque de todo hay en la viña del Señor. A ello nos conduce la errática política económica del actual Gobierno. También la relacionada con el trabajo. Miren, la subida del SMI habida en dos años, con incrementos desorbitados, corre en paralelo con la desaparición de clases sociales, porque esos incrementos tienden a igualar por abajo las diferentes categorías profesionales. En algunos sectores, los peones sin especializar, se han equiparado en algunos casos a los oficiales primeros.
La lucha intestina en el Gobierno ha llegado al ámbito laboral. Un paripé execrable. La sangre no llegará al río. Tengo la seguridad que todo está más que pactado y que los retoques sobre la legislación actual consistirá en lo siguiente: vuelta a la preminencia del convenio sectorial sobre el de empresa, retoques en la legislación contractual, que exigirá un porcentaje de indefinidos sobre temporales y en la subcontratación estructural la equiparación salarial, en similares términos al utilizado en las empresas de trabajo temporal.
La pretensión gubernamental es darle ‘vidilla’ a los sindicatos de clases. También a la patronal. Y esto lo hace recomponiendo la negociación colectiva en el ámbito supra empresarial o de sector, amén de apuntalarlos en la gestión institucional. Además del acceso a la financiación pública por su participación institucional, en la negociación colectiva y en la formación. Por supuesto esto nos lleva inexorablemente a la «paz social». Aunque ésta se hace palpable desde que gobierna quien nos desgobierna estos dos últimos años. En resumen, se va a regar millonariamente esa cosa llamada «concertación social». Ésta ha sido una bicoca para la patronal y los sindicatos más representativos. Su condición de tales, les ha permitido financiarse con cargo a los presupuestos de todas las administraciones territoriales: estado, comunidades autónomas, municipios y provincias.
Las rentas de los individuos dependen de su productividad, contextualizadas en el modelo productivo que tenemos, no en el que pretendemos tener en el futuro. No pueden aumentar los salarios, tampoco los más bajos sin aumentar la productividad de los trabajadores. La errática política aplicada tiene consecuencias negativas para el empleo. La reforma pretendida también, ya que aumentará la brecha entre los costes laborales y la productividad. Quizás lo que quieren es que no haya trabajo. Si no, no se entiende.
