Sanidad pública y privada

En el año 1908 se creaba el Sistema Nacional de Salud de España. Es el ente que engloba a las prestaciones y servicios sanitarios de en nuestro país, que de acuerdo con la ley son responsabilidad de los poderes públicos. Tras la disolución del Insalud en 2002, como entidad gestora de las prestaciones sanitarias, la competencia sanitaria se transfirió a las comunidades autónomas, creándose el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que realiza labores de coordinación generales y básicas, entre las distintas comunidades autónomas.

El artículo 38 CE reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general. La Ley General Sanitaria reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, previéndose el establecimiento de conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, de acuerdo con los requerimientos y regulación legal pertinentes. Por ello, el Sistema Nacional de Salud está constituido por todos los organismos de naturaleza pública, a los que hay que añadir los hospitales del sector privado que lo soliciten, siempre que sean homologables. En consecuencia, la CE legitima la actividad empresarial privada y el derecho a la protección de la salud, en la propia Ley General Sanitaria. Precisamente esto es continuamente objeto de debate y confrontación en la sociedad española. Los liberales proponemos sin fisuras la necesidad de la cohabitación. La progresía enaltece el dogma de lo público como paradigma de un sueño irreal y absurdo, por ineficaz, ineficiente e irracional. Este debate-confrontación se produce en los foros sanitarios e irradia toda la sociedad.

La sanidad privada no se ha colado de matute en la prestación de servidos sanitarios. Por su puesto que los presta exclusivamente privados, pero también proveyendo servicios sanitarios en colaboración con las administraciones públicas, en la consecución de los objetivos previstos en la Ley General Sanitaria, integrándose en el Sistema Nacional de Salud o cooperando activamente. Y que queda claro, todo ello en el marco de la CE y en su normativa de desarrollo.

El gasto total del sistema sanitario español (análisis practicado con datos de 2017), entendiendo éste como suma de los recursos públicos y privados, ascendió en el año 2017 a 104.928 millones de euros (74.150 millones financiados por el sector público y 30.779 millones financiados por el sector privado). Lo que quiere decir que la media anual de crecimiento del gasto sanitario total en el período 2013-2017 fue de un 2,9 por ciento. El gasto sanitario público presentó una tasa del 2,8 %, mientras que el gasto privado creció de media un 3,2% anual. La primera consecuencia que hay que advertir, es que la progresía española miente una vez más, cuando alude a la reducción del gasto sanitario. La serie analizada de la incidencia del gasto sanitario desde 2007 hasta hoy, en su relación con el PIB, nos indica un porcentaje cercano al 6,5 %. Durante el período examinado han gobernado el PSOE y el PP. Y las cantidades son parecidas. Por eso creo que el estado natural de la izquierda española, es el de la mentira por bandera. Son mentirosos contumaces y crean el caldo de cultivo para soliviantar las masas. En esos son especialmente expertos. Y luego llega el centro y la derecha, y no saben cómo fundamentar y justificar sus decisiones (Cristina Cifuentes se plegó ante las demandas de las mareas blancas y paró la estrategia público-privada diseñada). Ya está bien, la sanidad pública es una opción, la privada exclusivamente es inconstitucional y la opción pública y privada es sin género de dudas la opción de futuro, además de contar con plenas garantía constitucionales y legales.