El “Régimen” auditado

Se ha auditado al “Régimen”. A imagen y semejanza del PRI. Cuarenta años de socialismo andaluz, sólo se asemeja con cuarenta años de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Tantos años sin alternancia política, sólo ha sido posible con la construcción de un “Régimen” clientelar. Una región atrasada, bajo nivel cultural, baja renta y con la única perspectiva de la emigración para prosperar. Entre otras conclusiones se llega a lo que era conocido por todos, el flagrante incumplimiento del artículo 103 CE, que dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La auditoría pone de manifiesto los notorios incumplimientos legales, amén de actuar a contrario de lo que dictan los elementales principios económicos de racionalidad, eficacia y eficiencia en la gestión “de la cosa pública” Todo ello me lleva a pensar que la Junta de Andalucía vive con añoranza la renuncia socialista al marxismo. Éste ha considerado que el Derecho no es una salvaguarda de la libertad individual. Para Marx el Derecho era parte de la “superestructura” condicionada por el modo capitalista de producción. Lo que le llevaba a pensar que el Derecho tenía como finalidad mantener el “status quo” que supone la desigualdad social. Esta desigualdad ha sido puesta de manifiesta por los auditores entre los empleados públicos de la Junta afectos a la propia Administración y de aquellos integrados en la llamada Administración paralela. Ésta, fue utilizada en su día para la gestión del llamado “fondo de reptiles”.

El entramado del caso ERE´s, mayor caso de corrupción en España, auspiciado por el PSOE, exigía una gestión opaca y desprovista de controles administrativos. Su gestión fue sacada de la propia estructura administrativa de la Consejería de Empleo, para pasar a ser gestionado a través de la denominada “Administración institucional”. Las declaraciones hechas en su día por el mentor del susodicho “fondo” lo aclararon. Dijo para justificar el porqué de su gestión dentro de la órbita de una Agencia y no dentro del entramado la Consejería de Empleo, que “no podían estar al pairo del capricho del interventor”. Dejó claro también la connivencia de los responsables políticos encargados de las “ayudas” en la Administración Paralela y en la Consejería de Empleo, con ciertos prebostes sindicales. Una vez más el maridaje del partido político y el sindicato hermano a la palestra. No es de extrañar en consecuencia que sean calificadas las auditorias como “poco serias y obsoletas” por la parte sindical. De lo que no hay duda y puede ser corroborado, constatando la doble afiliación política y sindical, de aquellos que ocuparon cargos de responsabilidad en el organigrama central y periférico de la Administración laboral de la Junta de Andalucía, simbiosis de la relación entre lo político y lo sindical, que han sido poco serios, caducos y obsoletos, ya que las administraciones requieren gestiones eficaces y eficientes y nada politizadas. No sé si el resto de sindicatos, la patronal y los administrados en general, iniciaron en su día algún tipo de procedimiento de recusación por posible falta de imparcialidad administrativa. Amén de haber erigido la Junta a través de la Administración paralela, como la mayor agencia de colocación para acomodo de muchos de los afectos al “Régimen”.

Llevo días leyendo los informes de auditoría expuestos en el Portal de Transparencia. Tanto KPMG, EY, PWC, Deloitte y el resto, vienen a certificar lo que ya en su día avanzó la Cámara de Cuentas. Se revelan en los informes todo tipo de irregularidades y decisiones irracionales alejadas del objetivo de dar cumplimiento al interés general. Irregularidades con los fondos europeos. Proliferación de convenios colectivos para regular las condiciones de trabajo sin una mínima racionalidad, primando a los trabajadores públicos sobre los funcionarios. Establecimiento de una Administración paralela, cuya justificación ha residido en impedir los controles del Derecho administrativo en todos los ámbitos, el más palpable, la forma de acceso y reclutamiento del personal.

Concluyo. El gobierno de la Junta tiene un compromiso electoral. Hacer una Administración eficaz, eficiente y ajustada a las auténticas necesidades. La Ley 20/2012 indicó el camino a las administraciones para adecuarlas a las reales necesidades. El respeto a la “cosa pública y al dinero de todos” exigen actuar con determinación, como hacen las empresas privadas.