OPINIÓN
Quien paga, manda
El traspaso de las competencias de la gestión económica, que no de la Caja, supone impedir una gestión racional
Adoptar decisiones racionales debiera ser fundamental en política. La búsqueda de la eficacia de los instrumentos institucionales que posibilitan la vida de los ciudadanos, también. La eficiencia de los procedimientos que permiten tomar resoluciones adecuadas, una obviedad.
La Seguridad Social española ha sido vilipendiada por ... la nefasta clase política que nos gobierna desde antaño. Ha sido moneda de cambio, para satisfacer espurios intereses políticos de cualquier otra índole. Desde 1985 se contempló la imperiosa necesidad de reforma del Sistema, para su racionalización y hacerlo viable en el futuro. La miopía sindical impidió el desarrollo de la norma.
Una huelga general auspiciada por los sindicatos más representativos y la consiguiente bajada de pantalones de los promotores de la Ley 26/1985, paralizaron el inicio de las reformas de nuestro Sistema de protección. Era un momento más que apropiado para hacerlo y proyectar un nuevo modelo, que ahora previsiblemente sería sostenible. Como ocurrió en Suecia por poner un ejemplo, que durante la década de los años 90 impulsaron sus reformas, habiendo creado un Sistema posible y sostenible. Con un punto de partida parecido al español de aquel entonces.
En el año 1994 el principal problema de corrupción en España, era la prestación de incapacidad laboral transitoria , cuantificado el fraude en medio billón de pesetas. Se decide entonces que las Mutuas de Accidentes de Trabajo gestionen la prestación económica de la reformada prestación de ILT, por la nueva de incapacidad temporal, creada por Ley 42/1994. En su virtud, se otorgaba la posibilidad de la gestión económica, pero sin disponer de las competencias instrumentales relacionadas con las altas y las bajas relacionadas con esa prestación. Los Servicios Públicos de Salud la siguen ostentando.
Lo que en el fondo impide responsabilizar a dichas entidades colaboradoras de las reales competencias que asumen, ya que se les impide los más básicos elementos de gestión. Para que todos lo entiendan, es como sí los bancos disponen de la capacidad de otorgar préstamos, pero es el Estado el que obliga a su concesión, sin perjuicio que los reembolsos sean gestionados directamente por la entidad financiera. Todo un disparate. Tamaño despropósito, exigió blindar las competencias de la Entidad Gestora en las Invalideces permanentes.
Se daba nueva redacción al artículo 143 LGSS por el artículo 34 de la Ley 42/1994, que atribuye al INSS, en todas las fases del procedimiento, la competencia para declarar la situación de invalidez permanente, a los efectos del reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas. Su desarrollo reglamentario se hizo por DR 1300/95, procediendo a unificar, en el ámbito de responsabilidad del INSS, el conjunto de competencias que, en materia de invalidez permanente, se venían hasta ahora desarrollando por diversos organismos, a establecer los correspondientes órganos que en el futuro habrán de desarrollar las tareas de calificación de incapacidades, y a fijar las reglas de procedimiento aplicables a este respecto. Lo que fue una decisión racional, en la necesaria búsqueda de la eficacia de las instituciones y la eficiencia de los procedimientos que gestionan esa cosa llamada «pública».
Ahora, el rancio PNV y los tontos útiles de los socialistas, deciden transferir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. No se transfiera la Caja Única del Sistema , pero no renuncian a ello. Y no lo exigen ahora, porque la situación de gestión de la pensión de jubilación en el País Vasco, es deficitaria de manera abultada. Y el PNV, que en su condición de rancio y racistas son los primeros, tontos no son. Son otras cosas que no viene a colación explicitarlas ahora. La nómina en pensiones para el año 2020 será de 9.500 millones, de los que serán financiados con cotizaciones devengadas en ese territorio por importe de 5.500 millones. La diferencia la financiamos Ud. y yo.
Además, la pensión media vasca se acerca a los 1.100 €, mientras en Galicia, no llega a los 900 €. Estos son simples datos, pero importantes de conocer. Todos los lunes, los jubilados vascos se han manifestado por sus pensiones. No sé sí lo seguirán haciendo. Teniendo en sus manos la gestión económica, quien sabe sí los lunes ahora serán copados por los empresarios y trabajadores de empresas en crisis, que exigirán indulgencia financiara y flexibilizar los pagos de las cotizaciones, para viabilizar las empresas en dicha comunidad autónoma. Las competencias resolutorias de todo ello, entra en el paquete de transferencias competenciales.
Todo un dislate. 'Cum Fraude' no puede ser más desaprensivo. Su altura física es inversamente proporcional a su insignificante altura o “enanez” intelectual. Todavía, el legislador español, no es consciente de que la gestión prudente de todo aquello con peso importante en el contexto institucional, exige disponer de todas las herramientas de gestión necesarias, para realizar una gestión seria, prudente y racional, pero sobre todo responsable. La IT no es adecuadamente gestionada, porque quien paga no dispone de los instrumentos necesarios para responsabilizarse de la gestión. Situación que perdura desde 1994.
El traspaso de las competencias de la gestión económica, que no de la Caja, supone impedir una gestión racional, porque se podrán tomar decisiones y estoy completamente seguro que así será, en la que los intereses vascos, no sean los generales y por supuesto, el nacionalismo irredento atenderá en primer lugar los suyos. Los perjudicados seremos todos, los pensionistas también. Sólo quien paga, manda. El traspaso significa que pagamos todos, pero ellos pueden decidir en contra del interés general, porque no son los que pagan.
