Iluminados

Todo parece indicar que acabaremos con velas alumbrando a nuestros semejantes como ocurría en la caverna de Platón. Posiblemente también, en ese ambiente de precariedad y penuria que hoy significa la utilización de velas, podremos observar la realidad a través de la ficción en la que hemos vivido desde el año 1997 en materia energética. Pero el agujero financiero de magnitudes desproporcionadas comienza a labrarse a partir de 2004, cuando España se sube al tren de las energías renovables, al albur de una legislación que prometía a los inversores unos rendimientos mayores que los que resultarían de una situación ordinaria de mercado. Pero el gran disparate tuvo lugar en 2007, momento de la gran «borrachera» de dispendio de un gobierno manirroto que legislaba en el cortoplacismo y que debía suponer que la economía ya no tenía una dimensión cíclica, como naturalmente tiene, decidiendo promulgar el R.D. 661/2007, que aseguraba a los inversores unas primas que igualaban las que había pagado en su día Alemania. Pero miren por dónde, al gobierno «zapatético» se le olvidó una vez más lo más importante. Olvidó por completo la fórmula de refinanciación de los sobrecostes que con toda seguridad originarían las primas a las renovables, lo que únicamente podía hacerse a través de la correspondiente subida de precios, o en su caso asumirlo como gasto a financiar a través de los Presupuestos del Estado.

Hemos pagado la energía a un precio irreal, por debajo de su coste, entendiendo por este concepto, todo aquellos que aparece en la factura y que no siempre se corresponde con los derivados directamente con los de producción y distribución de la misma. Desde la promulgación de la Ley de 1997 del sector eléctrico, pasando por el RD-Ley de 2010 sobre medidas urgentes de corrección del déficit eléctrico y, por último, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las normas dictadas por los dos partidos que nos han gobernado en los últimos cuarenta años, han sido un cúmulo de irresponsabilidades que nos ha llevado irremediablemente a la situación actual y a los desvaríos contra el sentido común que ahora pretende el gobierno socialista-comunista.

La electricidad y los impuestos tiene un punto de encuentro en la demagogia política y en la irresponsabilidad social. Subir los impuestos puede resultar impopular. Por lo que los gobernantes intentan paliar el enfado popular, aplazando el pago de los mismos, financiándolo con la emisión de deuda pública. O sea, el déficit público se materializa en deuda pública, que debe ser financiada. Con la electricidad ha pasado exactamente lo mismo. Ha habido temor a cobrar su coste y todo lo que se le adiciona al mismo en la factura (el 40% son gastos repercutibles directa y exclusivamente en la generación y distribución de energía, el 60% restante son impuestos y gastos regulados, debidos principalmente de la asunción de compromisos de financiación y refinanciación de las energías renovables).

James Buchanan dijo acertadamente que los sistemas democráticos tienden a producir déficits presupuestarios y aquellos que son también aledaños a estos, como ocurre con la electricidad. La irresponsabilidad, la debilidad y la renuncia a enfrentarse con la realidad de los políticos españoles, como los del sur de Europa, justifica el diferencial del 35% de media sobre la factura de la luz de los del norte. El eslogan de la izquierda verde y reaccionaria era «nucleares no, gracias». Las revoluciones siempre han sido malas. Energía sí, produciéndola acorde a la situación y modelo económico existente. Vamos a terminar diciendo «nucleares sí, gracias, pero seguras».