El «desastre» del 20

Hoy, el estado de crisis y devastación es más que palpable. España se desmorona

Fernando Sicre

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Todo apunta al desastre. Como en el 98, España se sumía en una crisis política, moral y económica de efectos devastadores. Ahora, más de una centuria después, la historia se repite. Hoy, el estado de crisis y devastación es más que palpable. España se ... desmorona. Sus instituciones son atacadas desde el gobierno: la monarquía y la justicia. La economía entrará en estado comatoso después del otoño. La gestión de la crisis ha sido calamitosa. El informe publicado por la Universidad de Cambridge, cuyo director es un afamado activista de la izquierda, nos encumbra en el primer puesto de número de muertos reales, que superan los 50.000. El mayor número de sanitarios contagiados en todo el orbe. La mayor caída del PIB. Y quizás, y esto es cosecha propia, aderezado en una continua situación de falta a la verdad, la mayor transgresión a la lealtad institucional. Que los políticos mienten, es algo sabido, incluso admitido para mayor desgracia ¿Por qué no se nos dice la verdad, aunque sólo sea por el respeto debido a los muertos? ¿Por qué se mintió utilizando recurrentemente los dictámenes del “comité de expertos”, como fundamento y apoyo de las decisiones políticas adoptadas? En general, las mentiras son calificadas como intrascendentes o sin relevancia jurídica. Sin embargo, la recurrente falta a la verdad durante la gestión de la crisis sanitaria, sí que ha tenido relevancia jurídica. Encajan en el tipo delictivo previsto en el artículo 390 del Código Penal. El tipo queda circunscrito a la comisión del mismo por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de sus funciones públicas. Este delito es llamado de mera actividad, sin exigírsele resultado. Es decir, se consuma desde el instante en el que se vierten las falsarias manifestaciones. Lo habitual es que sea cometido amparándose en un documento, alterado en sus elementos esenciales o simulando la existencia del documento. Este delito de falsedad documental (atribución al comité de expertos, el fundamento de las actuaciones políticas), es denominado como falsedad ideológica, siendo el bien jurídico protegido la seguridad del tráfico jurídico, la fe pública y la confianza ciudadana en las instituciones.

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