La brecha de verdad

En nuestro país se vienen hablando con insistencia de la llamada brecha salarial, añadiéndole el calificativo de género. Se define ésta como la diferencia entre el salario medio percibido por hombres y mujeres al desempeñar su actividad laboral. Así, a secas, no refleja la realidad, por la forma de su cuantificación que utiliza conceptos no homogéneos, lo que distorsiona la información suministrada. Habría que hacerlo incorporando el número de horas realmente trabajada, lo que homogenizaría la información y sería susceptible de análisis. Por equidad, justicia y sentido común es fundamental dar cumplimiento a la Constitución y hacer realidad el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Pero no es esta la brecha más perniciosa ni mucho menos. La más acuciante y cada vez se hace mayor, es aquella que diferencia el empleo y las condiciones en el sector público y en el privado. En los niveles más bajos, el diferencial salarial a favor de los empleados públicos, supera con creces el del sector privado. Los niveles de exigencias para realizar la actividad tampoco son comparables. Mucho más ventajosa en el público que en el privado.

El cúmulo de normas de origen legal y convencional, que vienen exigiendo los sindicatos y sobre las que tienen una influencia desproporcionada e innecesaria, normalmente por dejación de los gestores públicos, que no se enfrentan a los problemas, supone a la postre la creación de disfuncionalidades perniciosas para el correcto funcionamiento de la Función Pública en particular y del Sector Público en general. Soy de la opinión que las Administraciones deberían estar conformadas exclusivamente con personal con capacidad de 'imperium' (derivación directa del poder del Estado) y el personal imprescindible de apoyo de carácter auxiliar en sus diferentes grados y escalas. Las disfunciones de personal, una vez establecidas las plantillas ideales, cuando existan necesidades perentorias para que los servicios administrativos funcionen con normalidad, debieran cubrirse a través de las Empresas de Trabajo Temporal. Las actividades que se alejen de la prestación de servicios que nada tengan que ver con el poder del Estado, que es lo que justifica la creación del funcionariado, amén de su personal de apoyo, debe quedar fuera del ámbito prestacional público. Quizás, los dos mayores problemas presupuestarios, desbocados y descontrolados desde hace tiempo son las pensiones y el coste de las Administraciones.

La cuestión remuneratoria es quizás de las más peculiares y dignas de exhaustivo análisis. Se da en la práctica real un desfase insalvable en la cuantificación de los salarios correspondientes a las distintas categorías profesionales públicas con relación a las de mercados de referencia. Curiosamente y con ello rompo el mito del mileurista público, se produce una evidente inflación de costes, desde la óptica salarial en las categorías de menor cualificación profesional. Precisamente, por ser ellas las más sindicalizadas, son las que, a lo largo de estos cuarenta años, las que provocan esas brechas salariales más grandes, con las masas salariales correspondientes a similares categorías profesionales afectas a sectores privados. Sólo hay que cotejar los distintos convenios colectivos para aseverar esta afirmación. A sensu contrario, cuanto mayor responsabilidad y correspondiente mayor cualificación, el sector privado retribuye más y mejor en condiciones similares.

Pues bien, ahora la «reforma laboral» de la semana pasada, ha derogado la posibilidad de los despidos colectivos en las Administraciones. Había sido impuesta la opción cuando el PP gobernó en 2012 y, al menos en los procedimientos de desvinculación del contrato de trabajo, posibilitaba el ajuste por razones fundamentalmente presupuestarias. Que gran corazón tienen estos políticos a costa del dinero de todos. La Administración española necesita gestores que arreglen todo este entuerto. Personas arriesgadas, que se avíen con dinero escaso para la gestión, con previsibles sin sabores, sabiendo que serán vilipendiados por los que se oponen al cambio y en el corto plazo, ni serán vitoreados ni recibirán honores. Cuatro años dura la legislatura y ahí acaba el horizonte temporal de cualquier político español.