Decretos gaditanos
Se cumplen los 210 años de cuando las Cortes de Cádiz publicaron el Decreto por el que se reconocía, por primera vez en nuestro país, la libertad de prensa
El periodista Iñaki Gabilondo recibe el IV Premio a la Libertad de Expresión en San Fernando
Aún en tiempo de pandemia, Bruselas no deja de darnos tirones de oreja por asuntos variados. Pensarán allí que, con la que está cayendo, sobran los quebraderos de cabeza que desde aquí les damos, de modo que no paran, aún en términos diplomáticamente impecables, de ... llamarnos la atención. Uno de los toques fue sobre la reforma del Poder Judicial, reforma que el Presidente ha aparcado según dijo en el debate de la moción de censura, que podría vulnerar las normas comunitarias, ya que la independencia judicial pudiera ser afectada por la influencia del Ejecutivo. Más recientemente, Bruselas también ha dicho que «estudiará» con interés el Plan del Gobierno para luchar contra las fake news, una manera de expresar, también suavemente, su preocupación por el tema.
La Orden pretende monitorizar la información para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que busque influir en la sociedad con fines interesados y espurios», un objetivo que puede servir para los antivacunas, para los negacionistas y vaya usted a saber para que más. En ese objetivo cabe todo lo imaginable y, habida cuenta lo ambiguo y subjetivo del fin perseguido, ha despertado todas las alarmas sobre los riesgos que pudiera implicar para la libertad de expresión. Hoy precisamente se cumplen los 210 años de otro 10 noviembre, cuando las Cortes de Cádiz, reunidas en la Isla de León, publicaron el Decreto por el que se reconocía, por primera vez en nuestro país, la libertad de prensa: «Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación». Una libertad de prensa que implica de facto la libertad de expresión, una opinión pública imprescindible para el control de poderes tal como insistió el diputado, sacerdote y liberal Muñoz Torrero. Curiosamente fue un Decreto hecho también en época de epidemia; en aquel momento fue un arbovirus el que se llevó por delante a miles de gaditanos. Poco antes de ese 10 de noviembre de 1810, las Cortes, justo el mismo día en el que se constituyeron, el 24 de septiembre, publicaron otro Decreto que, en cierto modo, también tiene que ver con uno de los toques de Bruselas a los que antes me refería. En ese otro Decreto, también a propuesta de Muñoz Torrero que bien se merecería un espacio público en Cádiz, se estableció la separación, por primera vez, de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y, como se decía entonces, el judiciario. Porque como adelantó Montesquieu, no hay libertad sin esa separación. «Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario… Si va unido al poder ejecutivo, podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes». Un recordatorio del Tribunal Supremo lo tenemos en Cádiz, en la sede del futuro Museo del Carnaval. Esos dos Decretos, el de libertad de prensa y el de separación de poderes fueron suprimidos cuando volvió Fernando VII, pero eso es ya es otra historia ¿O no?
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