La exigencia moral de Podemos

Pronto se vio sin embargo que la pureza de sangre necesaria para llevar a cabo una causa general contra «la casta» requería una integridad que tampoco Podemos podía exhibir. No creo que sea útil repasar aquí las incidencias que dieron corporeidad material a aquella organización con pretensiones angélicas, y que salpicaron a varios miembros de la cúpula al tiempo que arrojaban un manto de sospecha sobre los métodos de financiación del partido, pero sí es necesario llamar la atención sobre algunas arbitrariedades intelectuales del líder de Podemos, ahora que su formación se ensaña pidiendo la dimisión de Borrell, una persona de probada integridad, por haber vendido una pequeña cantidad de acciones de Abengoa a nombre de su exmujer cuando era consejero, sin retribución alguna, de la compañía. Un error que le ha acarreado una multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Quien afirme que Borrell carece de principios -se apartó del liderazgo socialista en 1999 después de haber ganado las primarias de su partido en 1998 por unas corruptelas de unos antiguos colaboradores suyos mientras era secretario de Estado de Hacienda- o que se ha dedicado ala especulación, no conoce al personaje ni su brillante trayectoria, completamente al margen del mundo financiero. Pablo Iglesias, sin embargo sí ha cometido incoherencias notorias, que su insistencia en ver la paja en el ojo ajeno obliga a recordar. Podemos, bajo su liderazgo, se empeñó en que sus cargos públicos vivieran en una radical austeridad. Para ello, limitó el salario base de sus diputados en el Congreso a 1.995 euros mensuales -equivalentes a tres salarios mínimos-, un salario con el que sería muy difícil adquirir y mantener una casa como la que el propio Iglesias y su pareja han comprado cerca de Madrid.

Tan evidente era el contrasentido que, para tratar de arreglarlo, sometió la compra a referéndum en su propio partido, como si lo moral o lo inmoral pudiera escrutarse mediante el sufragio universal. Pero si grave fue la ocurrencia, lo fue todavía el resultado: el 30% de sus seguidores manifestaron que les parecía impropia aquella decisión manifiestamente burguesa, que no se correspondía con el afán de mantener a sus seguidores en el proletariado de base.

Más recientemente, Iglesias ha mantenido una línea ideológica errática, con algunos resbalones muy sonoros como los deslizados en un aparatoso artículo - «¿Para qué sirve hoy la monarquía?»- en que se sumaba a la irritación del soberanismo por el discurso regio del 3 de octubre, el que, a su juicio, Felipe VI «no fue capaz de erigirse como símbolo de diálogo, sino como símbolo de la autoridad de un Gobierno que fracasó a la hora de lograr una salida política a un conflicto en buena medida alimentado por su ineptitud». No ve, o no quiere ver, Iglesias que al arreme ter los independentistas contra el Rey que defiende con firmeza la Constitución atacan en realidad al Estado. A un Estado que posee toda la legitimidad concebible y que, por supuesto, no tolera que alguien pretenda fracturar la soberanía nacional, que es la médula del mismo.

A un Estado que, por el azar histórico, se parece a otros como los de Suecia, Holanda, Dinamarca o el Reino Unido, de los que deberíamos aprender modales y principios, en lugar de reconcentrarnos en problemas intrascendentes. España tiene hoy muchos problemas, y no hay que ser un lnce para verlos (sí para resolverlos, claro), y la forma de Estado no está entre ellos. Tampoco aportaría mucho la dimisión de Borrell, que es uno de los grandes personajes de la España contemporánea.