Evocando a Simancas

En el siglo XV la familia Enríquez, Almirantes de Castilla, ejercían el señorío de Simancas. Reconstruyeron la vieja fortaleza árabe. Felipe II transformó el castillo en Archivo General del Reino, ahora conocido como Archivo General de Simancas, albergando uno de los archivos más importantes de Europa, con 35 millones de documentos. Simancas no tuvo concedido Fueros o privilegios de reconquista, pero todos los que se otorgaron están allí depositados. Simancas no solo es eso, es el apellido toponímico del “ilustre” Rafael. Leyendo sus declaraciones sobre la reforma laboral, constato su alejamiento de ese lugar de culto histórico donde se encuentra gran parte de la Historia legal de España. Pocas horas debió perder allí. En realidad ninguna. Palabras huecas, productos del sectarismo político español, en ningún caso tendrán el honor de ser archivadas en la Institución que lleva su apellido. Dice él que en el año 2007 su partido le confió la cabeza de candidatura a la Asamblea de Madrid. El PP revalidó su mayoría y tomó la decisión de dimitir para dejar paso a una nueva dirección en el PSM-PSOE. Dimitió pero para ser admitido en otro puesto. Ni con agua caliente se van de la política los políticos españoles. En esa nueva “admisión” dice que tuvo el honor de acompañar a José Luis Rodríguez Zapatero en la candidatura madrileña al Congreso de los Diputados. Y unos meses después, los socialistas madrileños le confiaron su representación en el Comité Federal del PSOE. Sí su legado político consiste en haber actuado junto con ZP, mala compañía acredita. La conexión PSOE y UGT se recompuso con el inefable expresidente, visualizándose todos los años en Rodiezmo, donde supongo acudiría también Simancas para darse un chapuzón de multitudes progres donde los haya, incluido Fernández Díaz, secretario general SOMA-UGT gran defraudador.

Pues bien, esta vez no he acudido al Archivo General, me limito a la hemeroteca y he constatado la inconsistencia de la oposición socialista a negociar cambios puntuales en la reforma laboral, elogiada en todos los confines del mundo, salvando la izquierda española, representada para la ocasión por el también inefable Simancas. Textualmente dice que “si el PP quiere negociar la reforma laboral con el PSOE tendrá que respaldar nuestras iniciativas en el Congreso”. Se le olvida un pequeño detalle que no es insignificante, que el PP tiene un 60% más escaños. Continúa manifestando que “el PP sólo acierta en política laboral cuando rectifica bajo la presión del PSOE. Así ha ocurrido recientemente, con la subida del salario mínimo interprofesional un 8%”. Y remata la cuestión advirtiendo una media verdad: “con la legislación laboral actual, el 90% de los contratos que se firman son temporales o precarios”. Y termina poniéndose la camiseta de sindicalista exigiendo “recuperar el vigor de la negociación colectiva, de tal forma que los convenios de empresa no prevalezcan sobre los del sector”. Y lo dice un cómplice necesario de las más errática política española en materia de empleo, que nos llevó a tasas de desempleo inasumibles. Su afán derogador se basa en realidad en echarle una mano a los sindicatos más representativos y la Patronal. El PP ya había anunciado una subida sin precedentes del SMI, contextualizándolo dentro de una eventual adaptación de la reforma de 2012. No obstante ha apoyado la proposición del PSOE. Los contratos se reducirán a tres tipos, lo que ha sido previamente negociado entre C’s, PP y PSOE. Solo queda el tema de la negociación colectiva. Se podría concluir con que los llamados agentes sociales más representativos, los principales valedores del sistema de negociación sectorial, han tenido mucho de la culpa desde época inmemorial del mal funcionamiento del mercado de trabajo español, prevaleciendo con sus decisiones afianzar un sistema de negociación en el que siempre primaron los intereses de los que ya trabajan, pero sobre todos sus interés corporativos, financiándose con dinero público, justificándolo en buena parte por esa participación en la negociación colectiva sectorial, en lugar de las cuotas de sus afiliados, como hacen la USO y el CSIF, sólo por poner un ejemplo.