Salud democrática

En España hemos conocido una gestión política de la pandemia demencial. La razón es sencilla, se ha tratado de colocar el equilibrio de poder por encima de las urgencias del coronavirus. Ahora contamos con diecisiete criterios, más o menos semejantes, que ofrecen una imagen poco seria de nuestro país. Me pregunto si la co-gobernanza existe para dar salida a un manejo razonable de la crisis sanitaria o al orgullo de patria chica de cada territorio. Al mismo tiempo, se ha procedido a ejercer el poder de forma que el Gobierno y los gobiernos autonómicos han gozado de una capacidad de decretar que no ha tenido contraposición, y, cuando se ha pretendido, ya fuese desde las instituciones o desde la sociedad, la han ignorado deliberadamente. En definitiva, quien ejerce el poder tiene la razón. Y es el ejercicio del poder la causa suficiente. La pretensión de que el estado de alarma dure seis meses ya habla por sí misma.

Sin embargo, el rasgo más definitorio del desgaste democrático que estamos viviendo está en las salas de prensa de los gobernantes. Han sustituido a cualquier parlamento, son espacios en los que se exponen las medidas adoptadas y poco más. Da igual que sea al poco tiempo de haber estipulado otras normas afines o contrarias. Esas salas de prensa quieren invalidar la crítica y las preguntas que muchos nos hacemos acerca de qué argumentos científicos y jurídicos hay para establecer las nuevas reglas.

Tal vez, si las medidas puestas en práctica surgen del partido al que uno ha votado, nos parezcan correctas e indiscutibles. En ese caso, cualquier intento de ponerlas en duda pasará a ser un acto miserable. Así nos las gastamos aquí. Los responsables políticos no conocen otro interlocutor que ellos mismos. Parecen irrelevantes las contradicciones de las normativas que se ponen en funcionamiento, la precariedad económica que se da en varios sectores y, peor aún, queda empequeñecida la necesidad constitucional de dar explicaciones ante los representantes políticos. Por si fuera poco, hemos conocido a algunos dirigentes que han animado a los ciudadanos a llamarse la atención mutuamente en caso de no seguir las normas. Y así, no es raro encontrar a viandantes que se gritan a lo lejos dónde está su mascarilla u otros apercibimientos. La autoridad, desde sus legítimos ostentadores, adolece en ocasiones de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.

Quizá, estas carencias sean del gusto de quienes desprecian la libertad y la democracia, o bien, de aquéllos que estiman en mucho su poder. Sea como fuere, esta actitud no debería tener ninguna aceptación en nuestro sistema político ni en la vida cotidiana. Los estados europeos son democracias liberales, las únicas que son dignas de llevar el distintivo democrático. Es preocupante la situación en que pueden quedar tras el paso de este trance histórico. Hay que luchar por el control hacia el poder ejecutivo, por la independencia judicial, la plena vigencia del parlamentarismo y la libertad de crítica. No podemos acostumbrarnos al boletín oficial como único recurso, ni a que nuestra salud mental y económica se deteriore con restricciones que puedan desafiar el sentido común. Con los instrumentos que nos provee el estado de derecho, habrá que poner en claro lo que se ha hecho, su concordancia con las leyes y su justa aplicación.

Hay opiniones que no se cansan de repetir que ha llegado una nueva normalidad, que debemos olvidarnos de la vida anterior, que se tienen que anular todas nuestras costumbres. Sin embargo, apuesto por todo lo contrario. El combate contra el virus debe ser para que tengamos salud y libertad, para recuperar la vida tal y como la hemos disfrutado, para que la economía crezca y, en suma, a fin de que nuestra democracia no se convierta en un sucedáneo autoritario.