Los estafados son acusados de fraude

El calvario laboral que ha simbolizado, para siempre, la deslocalización y la transformación traumática del sector industrial en la Bahía de Cádiz tiene un nombre. Se llama Delphi. Desde que esta empresa de piezas automovilísticas se fuera, casi de un día para otro, hace ya más de diez años, los últimos extrabajadores de la planta se han convertido en involuntarios representantes de una época que no volverá. Son las víctimas de un cambio de era que les sorprendió a mitad de viaje laboral y vital, que les atropelló como a tantos. Pero ellos tienen un nombre que les agrupa: Delphi. Son una especie de embajadores de un sector social entero, damnificado. Este próximo lunes vivirá un nuevo paso en su calvario laboral, cuando varios de ellos tengan que vivir un juicio para aclarar si parte de las prestaciones o subsidios de desempleo que percibieron tras ser despedidos son irregulares. Corresponden a unos cursos remunerados que les ofrecieron y aceptaron. Es posible que tengan que devolver dinero. Sería un castigo crudelísimo para personas que han cobrado, durante muchos meses, poco más que los raquíticos 420 euros de Ayuda Familiar.

Esos hogares quedaron rotos por la marcha de una factoría que la Junta de Andalucía pretendió tapar con un acuerdo electoralista. Les prometió, les firmó, un pacto por el que se les garantizaban todo tipo de indemnizaciones, cursos y recolocaciones. Ha pasado más de una década y los últimos afectados, los cientos que no han podido solventar su situación se encuentran sin nada. Ya no pudieron ni mantener aquel encierro de más mil días en el edificio Sindicatos. Salieron, hace diez años, hace unos meses, sin nada, literalmente. Radicalmente sin nada. Es cierto que pudieron recibir un trato preferente respecto a otros desempleados, que les prometieron ayudas y salidas que ningún otro desempleado tiene. Pero fueron otros, dirigentes de la Junta, los que redactaron y presentaron ese documento, esos cursos, los que se comprometieron a dar imposibles por tal de no perder un puñado de votos.

Ahora, lo que no tienen es ni la última prestación, ni la menor ayuda. Y todavía tienen que enfrentarse a un juicio por el presunto fraude cuando ellos fueron los estafados.