Un escándalo sin marcha atrás

La reacción del Partido Popular era previsible pero eso no le quita un gramo de respeto a sus argumentos. Dicen los miembros del anterior equipo de gobierno que el nuevo alcalde miente. Representados por Ignacio Romaní, los precedesores de los actuales concejales con responsabilidad dicen que acusarles de ocultar informes bacteriológicos a la Junta y permitir que se distribuyera agua contaminada en Loreto, en otoño de 2014, es «miserable». Anuncian medidas legales, lógico, y sólo encuentran el odio como posible motivación para la presunta mentira.

El alcalde y su equipo sostienen lo contrario, se aferran firmes a esa acusación y la basan en un informe técnico que los populares denuncian como parcial y dirigido, hecho de forma deficiente por técnicos que no conocieron del caso. Llegados a este punto el escándalo parece mayúsculo, gravísimo. Resulta imprescindible aclarar a los ciudadanos que alguien miente. Parece una obviedad pero es la esencia del conflicto. Si Romaní, algún exdirectivo de Aguas de Cádiz o, por extensión, Teófila Martínez son responsables siquiera parcialmente de lo que les achaca el informe, las consecuencias deben ser muy severas en lo político. En lo judicial, también, pero eso debe fijarlo un tribunal común, con defensa, acusación y todas las garantías. Caso de que lo incluido en el informe se hubiera producido, sólo uno de los días, ni siquiera 14, Ignacio Romaní sería doblemente responsable puesto que habría mentido una segunda vez al decir que el informe miente. Pero llegar a esa conclusión no está al alcance de ningún ciudadano. Será una sentencia, si la hubiera, la que debe aclararlo. Es ineludible, también, afirmar que si lo contenido en el estudio técnico fuera falso, o erróneo, si hubiera sido exagerado o manipulado de alguna forma, el tamaño de la infamia del alcalde y sus colaboradores resultaría monumental. Les inhabilitaría para la representación pública el hecho de haber inventado tal patraña, dañina, que frivoliza con los riesgos y perjuicios sufridos por 13.000 vecinos de Cádiz. Demasiado debate para civiles. Que arbitren profesionales.