El bienestar del Estado social

Los 47,5 millones de españoles mantenemos un sector público asaz gravoso para lo que económicamente generamos. De todos nosotros, 20 millones están en activo y más de 3 millones desafortunadamente en el paro. Los funcionarios y laborales son 2,7 millones a los que hay que sumar unos 450.000 españoles que ostentan cargos públicos más o menos remunerados. Además, una tropa que gira en torno a los 120.000 militares y unos agentes de seguridad en todas sus variantes con 240.000 agentes.

Con estas cifras bien que da para un buen estado de bienestar social que favorezca al ciudadano teniendo en cuenta el importantísimo número de personas que trabajan en lo público para la enseñanza, la investigación, el papeleo, cuidando de nuestra salud, de nuestra seguridad o de la justicia y de nuestras pensiones. Y también asesorando a los políticos tan necesitados de alguien que les digan qué hacer como políticos.

En lo de la función pública estamos en un punto más o menos medio. La palma se la llevan los escandinavos y bálticos que andan entre el 31% de los noruegos que, ojo, tienen petróleo, y el 20% en Letonia. La media europea está en torno al 18%, nosotros casi en un 16%, los alemanes o los suizos con un 6% menos que nosotros y los japoneses todavía hasta un 10% menos. Y estos países viven bien, tienen un acreditado estado de bienestar social, una industria fuerte y competitiva, un buen nivel de empleo y un PIB envidiable.

En el siglo XIX se abrieron en España las puertas al funcionariado con el intento de que hubiera una clase profesionalizada en la administración independiente de la clase política y que la cosa pudiera ir sin tanto caciquismo igualando a la ciudadanía, pero es que ahora, con lo de la pandemia, muchos de estos servicios del Estado han dado un salto atrás y se han decantado por esta última opción, servir antes al Estado que les pone el sueldo cada mes y no tanto a los individuos que somos los que antes se lo ponemos al Estado en su abrumadora colación de tributos.

Con este panorama, a los dos años de que nuestras ministras lideraran con alegría aquel aciago 8 de marzo su manifestación, muchos servicios públicos siguen aún encastillados en una suerte de citas previas, de que no se puede atender personalmente o de que llame usted por teléfono. Más de dos años así mientras que ellos, en lo cotidiano, bien que han estado llevando libremente sus hijos al colegio, entrando en tiendas o sentándose en terracitas para tomarse alguna merecida cañita sin necesidad de cita previa, internet ni fatídico teléfono para cita que nadie coge.

Esto nos fue llevando a una España sumisa y sometida en la que incluso los independistas estaban callados hasta que aquéllos que fueron héroes sin medallas ni aplausos, los autónomos, labradores, ganaderos, pescadores o transportistas, se levantaron y el Gobierno, que se había acostumbrado en demasía sin un parlamento que le controlara a lo de los decretos y a lo de las alarmas y que le había cogido gusto al bienestar social de su Estado, ante las protestas, los tribunales y Europa, ha tenido que poner fecha. Moraleja, gracias a este esfuerzo final, hora es que nos empeñemos todos en recuperar y proteger nuestro estado real de bienestar social y no dejar que se nos imponga más ese bienestar de Estado social que han pretendido los que mandan.