Dimisión por coherencia

El fiscal pedía seis años de inhabilitación pero finalmente la sentencia fija dos y medio. El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a la política del PA Maribel Peinado a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, cargo que ocupó desde 2011 hasta 2015.

El juez le imputa un delito continuado contra los derechos civiles. La sentencia, que no es firme, recoge como hechos probados que Maribel Peinado dejó de suministrar «de forma sistemática» información sobre asuntos de Puerto Real a los grupos de la oposición, ya fuese por escrito o de manera verbal en los plenos, «con la finalidad de impedirles realizar su tarea de forma eficaz». Las peticiones de información formuladas eran, sobre todo, de índole económico, como dietas, indemnizaciones, presupuestos para obras municipales o facturas, entre otras. La sentencia marca un antes y un después en la carrera política de Peinado que, nada más conocer el fallo judicial, presentó su renuncia al cargo de vicepresidenta de la Diputación. Sin embargo, Peinado es concejal del Ayuntamiento de PuertoReal y diputada. Es lógico que la oposición pida cuentas y le exija la dimisión de todos los cargos que ocupa. Peinado fue nombrada vicepresidenta de la Diputación en junio de 2015 por el actual equipo de gobierno, encabezado por la socialista Irene García.

Con el apoyo de Peinado se garantizaba el PSOE la mayoría en la Diputación. La salida de Peinado de la vicepresidencia no cambia nada o cambia muy poco, ya que Maribel Peinado mantiene su acta de diputada y es más que previsible que siga apoyando la gestión del PSOE. De momento, la presidenta de Diputación se ha limitado a recomponer su gobierno y tapar el área de Medio Ambiente que tenía delegada Peinado con el nombramiento de Javier Pizarro. Irene García ha eliminado el cargo de vicepresidente segundo y guarda silencio sobre el futuro de Peinado como diputada. La coherencia obliga a dimitir y abandonar los cargos, aunque la sentencia no sea firme. Cabe recordar que la que fuera portavoz del PSOE de Puerto Real, Ana Mosquera -cuya denuncia ante la Fiscalía dio origen a este caso-, solicitó «en reiteradas ocasiones» información relevante para su labor de oposición y el desarrollo de sus funciones como concejal, frente a las cuales la ex regidora andalucista no contestó o lo hizo con evasivas.