Descontrol de viviendas ilegales

La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado su memoria anual de 2015 y llama la atención a algunos ayuntamientos gaditanos por permitir el caos urbanístico. Los consistorios son quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden del suelo y evitar con ello la proliferación de las viviendas ilegales. Sin embargo, no cumplen con sus funciones. Resulta muy difícil ejecutar las órdenes de derribo que dictan los tribunales. El informe jurídico ha detectado en el último año un importante repunte de las viviendas clandestinas. Se han pasado de 44 expedientes en 2014 a a 143 el año pasado.

Los fiscales lamentan que algunos consistorios se amparen en el exceso de trabajo o en la insuficiencia económica para ejecutar las penas de demolición. Pero el aumento de las construcciones ilegales y la impunidad de las mismas también tienen una explicación lógica que coincide con dos años electorales. Los responsables de los ayuntamientos prefieren mirar para otro lado antes que ordenar el derribo. Una imagen de estas características resta votos y ensombrece la popularidad del político. La situación se ha ido de las manos en zonas como El Puerto, Chiclana y Sanlúcar, donde las viviendas ilegales campan a sus anchas y los consistorios tratan de enmendar su errores con modificaciones y nuevos planes de urbanismo. Ante este incremento, y al observar la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización de casas irregulares, la fiscal delegada Patricia Navarro llama la atención sobre la postura que toman al respecto de estas conductas los ayuntamientos.

En este sentido, asegura que se han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador disciplinario tramitado por la corporación local. Los ayuntamientos se justifican en un exceso de trabajo para no aplicar la ley. Para la Fiscalía es «especialmente lamentable» la dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme. La dificultad de ejecutar los derribos estriba, en primer lugar, en que el afectado «suele hacerse el sordo. Y en segundo lugar lamenta que sea el propio Consistorio el que mantenga esa misma actitud cuando subsidiariamente deben proceder a dichas demoliciones.