El Apunte
En defensa de la educación, de toda
La supuesta incompatibilidad entre centros públicos y concertados es falsa
El Ayuntamiento de Cádiz está en su derecho, y quizás en su papel, a la hora de reivindicar la educación pública. Otra cosa es que para pedir mejoras para centros, cuyo mantenimiento le corresponde en buena medida, el Gobierno local se empecine en ... resucitar un falso debate con la enseñanza concertada. Reclamar que se abran centros por las tardes, que se aprovechen pistas deportivas o que mejoren los comedores escolares es un noble propósito, incluso una obligación, de los dirigentes municipales gaditanos y de cualquier lugar. Sin embargo, es un error criticar la educación concertada para reclamar la mejor educación pública. Son dos modelos que pueden convivir con absoluta normalidad entre los menores, los padres y los docentes. Si hay dos obstáculos en la educación pública son las reducciones presupuestarias durante la etapa socialista de la Junta y el descenso de la natalidad. Más allá de esos, importantes, enemigos, no hay incompatibilidad entre ambos modelos. Lo demuestran años de práctica. Este intento de confrontación es tan antiguo como el concepto de escolarización. Especialmente en Andalucía, esa dualidad tiene un elemento medio que todos conocemos como enseñanza concertada.
Son centros a los que la administración utiliza para que sumen sus servicios y así complementen las carencias de la red de centros públicos. Hace décadas que aparecieron, cuando los centros estatales eran incapaces de cubrir a toda la población en edad de escolarización obligatoria. Décadas después, mantienen su función. Como ventaja, ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria –con indiscutible amplitud– en toda España.
En el caso hipotético de que la Junta de Andalucía fuera capaz alguna vez de satisfacer la totalidad de la demanda, y el gigantesco peso presupuestario que supone, esa opción religiosa y ese derecho de algunos padres desaparecería. La opción de dar una educación con valores religiosos pasaría a ser un lujo al alcance de un pequeño sector de la población puesto que sería patrimonio exclusivo de algunos centros privados. Porque, ahora, con la fórmula vigente, la educación concertada también es pública. Ambas partes de la educación forman parte de la administración y están bajo su control.
