Cuestión de prioridades

Si el Ayuntamiento de Cádiz hiciera en estos momentos una encuesta a sus vecinos sobre qué prioridades debería abordar de inmediato, seguramente el resultado del sondeo revelaría que tanto la vivienda como el paro son las dos lacras sociales a cortar de raíz con urgencia. Sin embargo, el consistorio maneja otras prioridades para resolver. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Memoria Histórica, Martín Vila , ha reabierto el debate sobre la eliminación de algunos nombres franquistas de las calles de la ciudad. Apellidos como Carranza, Pemán o Abreu figuran en esa lista del gobierno local de Podemos que deben ser borrados del callejero gaditano cuanto antes. Por esta razón, el concejal responsable propondrá la aprobación de una comisión que vele por el cumplimiento del artículo 15 de la ley de Memoria Histórica, que recoge el deber de las administraciones públicas de tomar medidas oportunas para la retirada de objetos, placas, insignias y escudos relacionados con el antiguo régimen. Llama la atención que en una ciudad como Cádiz, con tantas necesidades por cubrir, sea, precisamente, el cambio del nomenclator una de las prioridades más urgentes de su Corporación. El Consistorio gaditano tiene aún las cuentas prorrogadas de 2014, es decir, la maquinaria administrativa funciona con unos presupuestos desfasados y, lo que es peor aún, de momento no hay intención de aprobar las de 2016. Esta situación, al margen de la deuda, resta credibilidad de sus gestores ante la banca e impide, al mismo tiempo, cualquier operación de crédito. El Ayuntamiento ha perdido el norte y su gestión sigue enfrascada en temas de segundo orden. La ampliación de las barbacoas, la eliminación de las Ninfas o la fallida retirada de las subvenciones a las cofradías han marcado los primeros meses de un gobierno que, de momento, no ha sabido reconducir los desahucios ni lograr el consenso con el resto de grupos de la oposición.