El cuento de nunca acabar

Las grandes empresas y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social han recibido un pequeño presente del Gobierno con la aprobación de un Real Decreto el pasado viernes, dictado en desarrollo de la Ley 35/2014. Por una parte, se reconoce expresamente la competencia de los facultativos de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, para la emisión de los partes médicos de baja por contingencia profesional, de confirmación de la baja y de alta médica por curación, tal y como hacen las mutuas colaboradoras. Por otra parte, a las mutuas que presenten la solicitud en el proceso de reconocimiento y abono del incentivo relacionado con el comportamiento de la siniestralidad laboral por las empresas a ellas asociadas, podrán ser perceptoras de un porcentaje a convenir entre las partes que en ningún caso podrá superar el 10% del importe del incentivo. Curiosamente, ambas han sido objeto de utilización en el diseño de políticas económicas por el Gobierno. Las mutuas han transferido una parte de sus «excedentes» para el pago de las pensiones por un importe que excede de los 3000 millones. Las grandes empresas han tenido que adelantar el pago del impuesto de sociedades para facilitar al señor Montoro cuadrar las cuentas del Estado para el año 2016. Ahora, el Gobierno devuelve favores prestados con un pequeño presente.

Lo acontecido días atrás es sólo reconocer por el Estado, la existencia de un ordenamiento disfuncional en muchos aspectos y su intención de enmendarlo solo a medias como acostumbra. Corría la década de los noventa y se hacía público un informe sobre el fraude en España y el más preocupante entonces detectado por la Comisión auspiciada en el seno del Ministerio de Hacienda, era el que se derivaba de la prestación de la entonces ILT, hoy Incapacidad Temporal (IT), que en el año 1993 ascendía a medio billón de pesetas. La historia se encarga de recordarnos que la economía es cíclica y los procesos derivados de ella, si no se corrigen de raíz vuelven. Hoy, en 2017, el coste de las bajas laborales está estimado 5.500 millones al año. La recuperación económica que comenzó en 2013, ha supuesto una reactivación del absentismo laboral. Fundamentalmente referida a las bajas por enfermedad común, que son todas aquellas patologías que no se producen como consecuencia del trabajo desempeñado. El absentismo laboral en España ha supuesto en el año 2016, que se ha dejado de generar una riqueza equivalente al 6,9% del PIB. Según los expertos se hace un uso indebido de la prestación de IT por contingencias comunes, que durante el año 2016 experimentó un incremento del 16,4% en relación con 2015. El informe de los expertos sostiene la existencia de «comportamientos o conductas que persiguen un uso abusivo de esta prestación». Lo que nos lleva a pensar una vez más, la incapacidad del Estado a través de los mecanismos por el dispuesto, para el control y la gestión de la referida prestación de IT. Está claro que los mecanismos instrumentales existentes al efecto fallan estrepitosamente y los servicios de salud públicos no son los más adecuados para ejercer dicha competencia.

La Ley 22/1993, modificaba el articulado de la Ley General de la Seguridad Social, y determinaba las competencias de las mutuas de accidentes de trabajo en materia de gestión instrumental de las altas y bajas en el caso de gestión económica de las contingencias comunes por incapacidad laboral transitoria, hoy IT, «siempre que una norma reglamentaria así lo dispusiera». Desde 1994 se otorgó la posibilidad de la gestión económica, pero sin disponer de las competencias instrumentales manifestadas. Se les impedía los más elementales instrumentos de gestión. Para que todos lo entiendan, es como sí los bancos disponen de la capacidad de otorgar préstamos, pero es el Estado el que obliga a su concesión y controla la morosidad, sin perjuicio que los reembolsos una vez producido sean gestionados directamente por la entidad financiera. Todo un disparate. Pues bien, el Estado sigue sin entrar en razón una vez más, haciendo las cosas a medias. El desarrollo reglamentario de la Ley de 1993 aún no se ha producido.

País, diría Forges.