De la cruzada a la multa

Aparcar en la ciudad de Cádiz, especialmente alrededor del casco antiguo, es una tarea difícil que se ha complicado en los últimos años. Esta traba para muchos sectores –del comercio al turismo, del transporte a la cultura o la hostelería– se hizo especialmente evidente desde la apertura al tráfico del nuevo puente sobre la Bahía, hace ya casi tres años. La tarea de encontrar estacionamiento es especialmente compleja en los momentos de máxima intensidad de la temporada turística –es decir, en estos días– y durante las mañanas laborables, cuando la mayoría de ciudadanos se concentra en esta zona por cuestiones de trámites y trabajo. También resulta especialmente molesto en otras fechas de grandes concentraciones festivas o de compras como Carnaval, Semana Santa o Navidad. Las dimensiones de la capital gaditana y el peculiar perfil urbanístico de la comarca, con grandes poblaciones separadas por unos cuantos kilómetros, más las carencias en el transporte público (sin tranvía, con una exigua estación de autobuses en mitad de una carretera industrial por reconstruir, con escaso uso de Cercanías) hace que la mayoría tienda a moverse en vehículos para hacer las gestiones de la vida diaria. Para ello, la zona azul y las bolsas de aparcamiento juegan un papel fundamental.

Que los aparcamientos actuales están saturados es una evidencia, que son caros y de utilidad irregular, también. Excepto el de Santa Bárbara, los demás ofrecen frecuentemente colas en ocasiones, a pesar de su elevado precio. Precisamente, esas tarifas han propiciado ahora una multa de la Junta de Andalucía hacia el Ayuntamiento. Se trata de un error burocrático pero ilustrativo: el mismo Gobierno local que clamaba contra los aparcamientos subterráneos, que los tildaba como derroche faraónico, el mismo que hablaba de anular la construcción de algunos nuevos, resulta que sube los precios y, además, lo hace mal.

Oponerse a los aparcamientos subterráneos y a la utilización de zonas sin uso concreto para poder almacenar vehículos y liberar para el peatón otras áreas no tiene sentido. Ni por cuestiones ideológicas ni ecológicas.

De hecho, los que defendían la cruzada antiaparcamientos, ahora modifican irregularmente las tarifas –según la Junta– y le piden al Gobierno o la Zona Franca que habilite solares abandonados para llenarlos de coches. Son las contradicciones de la gestión.