Criaturas insertadas

La progresía española ha utilizado las administraciones a su antojo cuando han tocado poder. Declaró en su día el llamado por algunos “bebé probeta”, a la sazón Errejón, que había que “dejar sembradas instituciones populares que resistan cuando gobierne el adversario, con autonomía económica, porque en 2015 asaltamos las instituciones con alpargatas”. Se refería el “niño” a las “instituciones populares de resistencia”. Para ello se articuló una red de cooperativas que fomentaban la red clientelar.

De Madrid a Andalucía. Entre medio Sierra Morena. Bandidos, bandoleros y Señoritos. Nos adentramos en un territorio que necesita limpieza y aire renovado, para que el “Regimen” se diluya. Pueblos, empresas y personas subvencionadas y subsidiadas, conforman la clientela segura en el reparto y suponían los componentes necesarios del “Régimen”, con efectos y pretensiones “erga omnes”. De ahí, los ERE y la Formación y las 146 piezas separadas judiciales. Si viviera Romanones, cacique de Guadalajara y cuyos tentáculos alcanzaban las dos Castillas, tendría celos de Andalucía. Esta bendita tierra del sur, lo ha dejado literalmente en bragas. El clientelismo político, fundado en la capacidad de obtener beneficios del uso de la Administración pública para fines diversos público-privados, es un hecho incuestionable en la región más meridional de España. El clientelismo volvió en todo su esplendor en 1978. Y aquí sigue como parte del paisaje. Consiste en una trama diseñada entre el cacique, que se comprometía a mover los resortes del poder para obtener el favor, y el peticionario, obligado a corresponder con otro favor o simplemente a prestarle su lealtad. Se extendió el cacicazgo por todo el orbe andaluz.

Decía un eslogan publicitario electoral del PSOE “Cien años de honradez”. Después de lo que hemos visto en cuarenta años de gobierno, se le olvidó a propósito apostillar, “cuarenta de discrecionalidad” y “cien años de soledad”, que debiera ser el tiempo que tendría que estar sin tocar poder, dadas las tropelías reiteradas materializadas en ese tiempo.

La discrecionalidad del poder, la soberbia y la arrogancia, son los principios y valores sobre los que Andalucía quedó construida en el último tercio del siglo anterior y primer sexto del presente. Un antiguo Consejero de Trabajo de la Junta, ahora condenado, decía que ¿quién ha dicho que el poder no es discrecional? El que se auto pregunta esto, para buscar la justificación, injustificable sin duda, es que se sitúa por encima del bien y del mal. El antídoto natural y jurídico contra la discrecionalidad del poder y su uso arrogante, es el Derecho administrativo. Sólo éste está diseñado para controlar y garantizar el cumplimiento de la ley y de los procedimientos a las distintas Administraciones públicas, posibilitando que éstas cumplan con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Andalucía no tiene remedio. Discrecionalidad es arbitrariedad. Es como lo de Juan palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Sí no por qué se incumplió, sin ningún tipo de rubor el primer Estatuto de Autonomía, que disponía la construcción de la Administración andaluza a nivel periférico, sobre la base de Administración periférica del Estado, que no era otra que la provincial, representada por las Diputaciones? La respuesta la tiene ahora el caso ERE, Formación y sobre todo la construcción de la llamada Administración institucional, que la sentencia referida, saca a la palestra. El Juez califica de “repulsiva” la forma en la que estos trabajadores accedieron a un empleo público en la práctica para toda la vida sin haber pasado por una oposición y sin tener en cuenta en consecuencia, los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Y remata la faena diciendo que, “ello ha provocado un agujero permanente en las arcas públicas andaluzas mucho mayor por indefinido en el tiempo que el producido por los ERE”. Alude el Magistrado, al caciquismo practicado por políticos y sindicalistas, en la creación de esa “Administración”, con 25.000 efectivos. El PP se comprometió a finiquitar el problema. A fecha de hoy sólo se han presupuestado para 2019-2020 quince millones de euros, para afrontar eventuales despidos en la llamada administración paralela y cinco millones de euros, para costear la realización de auditorías privadas del sector instrumental. Con eso no hay ni para empezar a hablar.

Todo lo expuesto es la historia de la corrupción de un Régimen, cuyo cacique ha sido durante 40 años un partido auto-adjetivado por Pepiño Blanco, el “gasolinero”, como progresista, fuerza renovadora y modernizadora…y corrupta, sólo que éste último es cosecha propia. El gasolinero es ahora el olvidadizo.