Coyuntura y estructura en la Seguridad Social

El desafío más importante que tiene el Estado no es Cataluña, sino las pensiones. La OCDE sigue considerando a España como el país de Europa con tasa de reposición (entendida ésta como la relación entre el último salario y la pensión pública) más alta, en torno al 74%. El número de pensionistas supera los nueve millones. El de cotizantes se encuentra en torno a los diecisiete millones, poniendo a prueba la tasa de dependencia (número de cotizantes por cada pensionista), por debajo por lo tanto del umbral crítico de dos por uno. Desde la óptica de las cuantías, los números son reveladores. La pensión media asciende a 1.017 €, mientras que el salario medio se sitúa en los 2.200 €. La aportación al sistema en forma de cotizaciones de éste, supone unos 900 € (aproximadamente el 37% de la base de la cotización, conformada ésta por el salario real). Una mera cuestión matemática, exigiría 1,3 trabajadores, por cada pensionista, amén de la dinámica de la prestación desempleo e incapacidad temporal, reflejos de los subsidios básicos. Sí a ello le unimos, los cambios demográficos, como el incesante aumento de la esperanza de vida, que no se corresponden con un incremento de la ocupación y la extensión de la vida laboral de manera proporcional, el sistema español de reparto no puede estar al albur de permanentes reformas coyunturales, sino que hay que atajar el problema, sobre la base de su consideración como un auténtico problema estructural de primer orden, para la estabilidad social y democrática del Estado. Solo un ejemplo relacionado con el uso del Fondo de Reserva. Éste se crea en 1997, consecuencia de una Ley que tenía como objeto fundamental, la llamada separación de las fuentes de financiación del sistema. Lo que suponía que las pensiones no contributivas, pasaban a financiarse vía impuestos. Su mayor montante se ha situado en los 69.000 millones. Desde 2012, se han hecho uso de 35.000 millones, para pagar las pagas extraordinarias de los pensionistas, debido al déficit persistente, desde el inicio de la crisis en el sistema. El déficit de la Seguridad Social de este año ascenderá a 16.000 millones, en torno al 1% del PIB, frente al 0,6% previsto.

Son varias las opciones barajadas para darle solución al problema:

-La modificación del actual sistema financiero de reparto puro, para construir otro que compagine la existencia del de reparto, con el sistema financiero de capitalización, con tendencia a repercutir este en el sistema global hasta un 30%.

-Aumento del número de años a considerar para la determinación de la base a la que se le aplica el tipo o coeficiente para obtener el importe de la pensión. -Limitar directamente el importe de la pensión, tal como hoy se hace anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero de forma más virulenta, topando así las pensiones superiores.

-Retrasar la edad de jubilación. Sin lugar a dudas, la solución última y definitiva en las circunstancias actuales, considerando una proyección de futuro a veinticinco años vistas, pasa por un compendio de todas las medidas aludidas, con un peso asignado a cada una de ellas, a efectos de ponderación.

La entrada en el sistema financiero de la Seguridad Social española del sistema financiero de capitalización, deberá ser progresivo y exigirá un sobreesfuerzo a los trabajadores actuales, que debieran ver incrementada sus cotizaciones sociales, fundamentándolas en la «percepción» de un auténtico salario diferido, que se capitalizará y determinará una renta individualizada. Para acometer esto sin merma en la productividad del factor de producción trabajo, deberá arbitrarse un mecanismo que posibilite el incremento de la jornada laboral máxima ordinaria, con el fin de generar recursos, que coadyuven a la implantación de ese fondo de capitalización. En el fondo la posibilidad existe desde siempre. ¿Qué es si no la permisividad en nuestro sistema de relaciones laborales del pluriempleo o la pluriactividad?