El Rey, con la Constitución

Siempre fue previsible, desde el arranque del régimen político actual, que el rey Juan Carlos, partícipe caracterizado y relevante del gran consenso fundacional del sistema democrático del 78, desempeñaría un papel singular e irrepetible desde la jefatura del Estado. De hecho, su influencia social, desarrollada a través de una hiperactiva e intervencionista vida pública, fue intensa y constante, y los balbuceos iniciales del modelo le obligaron a improvisar su actuación frente a la cuartelada de 1981, cuyo desenlace auspiciado por la Corona consolidó definitivamente la institución monárquica en una sociedad poco politizada y escasamente afecta al modelo.

El largo reinado de don Juan Carlos tuvo un final cuasi agónico, en parte por la decadencia de la gestión regia, en parte también por la frivolidad de un sector de su entorno familiar. La abdicación fue oportuna, y las encuestas acreditan que el relevo en Zarzuela reparó en buena medida los destrozos causados en el prestigio de la monarquía por la etapa final plagada de errores del anterior monarca. El sucesor, Felipe VI, con una indudable personalidad propia poco influida por las tradiciones implantadas por su progenitor, tuvo que asumir el trono en momentos complejos, cuando todavía coleaba una profundísima crisis económica y social y poco antes de que se celebrase la vista pública de un procedimiento penal contra su cuñado Urdangarin que envolvía hasta cierto punto a su propia hermana, la infanta Cristina. La llegada de don Felipe supuso una reconcentración de la institución en sí misma. Don Juan Carlos fue un personaje extrovertido y omnipresente, consciente en todo momento del simbolismo épico que le acompañó durante su reinado y capaz de derrochar una contagiosa simpatía que fue muy útil en determinada etapa pero que pudo traicionarle en el periodo final de su mandato. Don Felipe, en cambio, no muestra al público más que la dimensión institucional de su personalidad. En cierto sentido, es un personaje hermético que mantiene su intimidad a resguardo –no manifiesta sus aficiones, ni se entremezcla con los distintos circuitos sociales–, que resguarda la vida familiar todo lo posible y que no improvisa intervención alguna. Podría decirse, en fin, que se ha convertido en un sobrio mecanismo constitucional, que actúa tasadamente en el sentido que especifica al Carta Magna, sin la menor licencia, sin gesto alguno que pueda resultar controvertible.

De hecho, don Felipe ha tenido que enfrentarse al más largo periodo de inestabilidad política que ha registrado este país desde 1978, con un gobierno en funciones que ha debido mantenerse en esta incómoda posición casi un año y con dos elecciones generales que han alumbrado abanicos parlamentarios muy fragmentados. Y el Rey, que ha sido el encargado de facilitar la formación de la mayoría de gobierno según dispone tasadamente el artículo 99 de la Constitución, no se ha apartado ni un milímetro de la pauta marcada, aunque había algunas voces que sugerían la posibilidad de que estimulase fórmulas de consenso o invitase a los partidos a explorar hipotéticos pactos, en línea con lo que suelen hacer los presidentes de las repúblicas parlamentarias como la italiana, pongamos por caso.

En definitiva, don Felipe ha optado por efectuar una lectura restrictiva de su función constitucional; por ajustarse milimétricamente a su letra y seguramente también a su espíritu; por ser fiel al mandato recibido sin extrapolaciones ni reducciones. Ello explica que el discurso de Nochebuena fuera un didáctico recordatorio de las reglas constitucionales, de los fundamentos de un sistema basado en el imperio de la ley, el sentido social de la política y la integración pacífica y creativa de la diversidad. Sin licencias poéticas ni abalorios ni concesiones a la retórica. De donde se desprende que quien critique el ‘negacionismo’ regio ante la voluntad disolvente de los separatistas o las censuras del monarca a la vulneración de la ley vigente critica en realidad a la Constitución. Conviene tomar nota.