LA VOZ - EL APUNTE
Las cartas sin sentido
La campaña contra la concertada ignora que estos centros forman la red educativa pública
El debate entre enseñanza pública y privada es tan antiguo como el concepto de escolarización. En España, y más concretamente en Andalucía, esa dualidad tiene un elemento intermedio conocido como enseñanza concertada. Son centros a los que la administración les entrega fondos para que añadan sus servicios a la red de centros públicos, para que la complementen. Cuando nacieron, y ahora, es de suponer que los colegios e institutos estatales no tenían capacidad para atender a toda la población en edad de escolarización obligatoria. Con el tiempo, ese complemento se ha consolidado como una parte más de la oferta. Ahora, además de añadir plazas, suele ofrecer una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, de la Iglesia Católica, concretamente, de abrumadora mayoría en España. Por tanto, aunque la administración fuera capaz algún lejano día de cubrir la totalidad de la demanda, con el enorme coste que supone, hasta hacer innecesaria la educación concertada, se mutilaría un derecho de algunos padres y familias: el de dar una educación con valores religiosos a sus hijos.
De este debate, que ha propiciado movilizaciones desde la pública y desde la concertada en los últimos meses, se olvida una parte esencial: las dos forman parte de la administración. Unos centros de forma directa y otros de forma subsidiaria, a través de un pago económico que vincula de forma inequívoca, están bajo el amparo de las instituciones públicas. La Junta, por poner el ejemplo que nos atañe, no puede desentenderse de lo que suceda en un colegio concertado porque, en términos simplistas, ha contratado sus servicios, le paga para que complemente la red pública. La demonización de los centros concertados desde la administración es, por tanto, un contradicción ridícula. Si alguna institución no está de acuerdo con su existencia, debería promover que dejaran de existir, que dejaran de prestar apoyo a la red y todo fuera público o privado. Inyectar dinero de forma anual, desde hace décadas, pero gritar contra la concertada y animar a todos a que acudan a la pública es un sinsentido. En ella ha caído, una vez más, el Ayuntamiento de Cádiz que ha enviado una carta recordando a los padres la lista de colegios públicos, como si no los conocieran, como si los que acuden a los centros concertados lo hicieran por error o ignorancia. El problema, otro que no entiende este gobierno local, es que muchos padres prefieren la concertada y que tienen derecho a preferirla. A partir de ahí, que cada cual elija con libertad sin tutelas, paternalismos ni cartas de recomendación, por favor.
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