Un verano para recuperar la Educación
El Ministerio ha articulado un proyecto para la vuelta al cole que es inviable para las comunidades autónomas
El papel lo aguanta todo. Quien haya tenido que hacer cuentas para un proyecto sabrá que hasta que aparecen los números todo es posible. Los problemas llegan cuando hay que materializar esas ideas en los crudos esquemas de la realidad y el presupuesto acaba por ... determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto, que resulta lógico e inevitable para cualquier adulto, se le ha pasado por alto al Ministerio de Educación, cuyo plan para la vuelta a las aulas en el curso próximo es inviable por sus desmesurados costes.
El sindicato Comisiones Obreras, nada sospechoso de participar en la supuesta campaña de bulos que denuncia el Gobierno en su contra, ha hecho la cuenta de lo que costaría ese plan para el regreso a las clases. Sólo en la provincia de Cádiz, las normas de distanciamiento y la bajada de la ratio por aula precisarían de la contratación de más de 7.800 docentes, así como un desembolso de 21 millones de euros al mes. La Junta ya ha indicado que el plan es irrealizable si no viene acompañado de una gran partida presupuestaria, pues el 80% del presupuesto actual de la Consejería de Educación ya se destina al pago de las nóminas de su personal.
Los cambios que deben afrontar los colegios españoles (y, por ende, gaditanos) de cara al próximo curso son históricos y, por lo tanto, requieren de decisiones pausadas, meditadas, consensuadas y, sobre todo, realistas. De nada servirá marcar una ruta que los centros no puedan afrontar, lo que terminará redundando tanto en el incumplimiento de la norma como en la seguridad de los alumnos, con independencia de la fase de enseñanza en la que estén. En el caso de Cádiz, con una de las ratios por aula más elevadas de España, la situación se prevé mucho más complicada.
Aún hay tiempo para buscar soluciones, pero hay que ponerse a trabajar de inmediato. El Gobierno debe abrir un diálogo amplio y sincero, más allá de la búsqueda apoyos puntuales, para sacar adelante un programa que cuente con el visto bueno de las comunidades autónomas que, merced a la distribución de competencias, serán las que en definitiva tendrán que llevar a cabo el proyecto. Los antecedentes, no nos engañemos, no llaman al optimismo. Ayer mismo, el proyecto de ley educativa (conocida como Ley Celaá) seguía su trámite pese a las numerosas voces en contra que ha levantado. El diálogo y la cohesión social siguen siendo dos de las asignaturas pendientes de este Gobierno.
