Seguridad por encima de la testarudez

La situación es grave. La falta de vigilancia en las playas deja al ciudadano no sólo sin protección frente a los delitos comunes (como los hurtos), los incumplimientos de normativa (como la venta ambulante) o los abusos de los egoístas (como los juegos de pelota en la orilla), sino, sobre todo, sin una red de seguridad y autoridad en el contexto de la mayor crisis sanitaria que ha vivido España en el último siglo. No hay que olvidar que los vigilantes de la Junta no tienen competencia para sancionar ni son un cuerpo policial.

En casi cuatro décadas no se había producido la ausencia de agentes en la arena de las playas gaditanas. Unos agentes que, para colmo, no tienen siquiera los vehículos en buen estado para poder patrullar y cumplir con eficiencia su labor. No es comprensible que una ciudad que se jacta de ser un destino turístico seguro y familiar viva esta situación por la falta de diálogo municipal, como refleja la denuncia de que no se haya actualizado el convenio laboral de los agentes desde hace una década o de que no se elabore la RPT para la plantilla del Ayuntamiento. Los derechos y el bienestar de los trabajadores, habría que recordarle al regidor, empiezan por los que se tienen en casa, no por los que viven a cientos de kilómetros.

Urge, pues, encontrar soluciones para desbloquear una situación a todas luces insostenible en esta época de pandemia e incertidumbres. Adelante Cádiz , que ya ha completado el catálogo de enfrentamientos en la capital, debe asumir su obligación de gestionar con efectividad los recursos de la ciudad, dejar a un lado los orgullos partidistas y recuperar la seguridad de nuestras playas.