El Apunte
Segregar a la concertada no es democrático
El Ayuntamiento vuelve a marginar a centros con miles de alumnos, cuyas familias los han elegido libremente como opción
La obsesión por segregar a la escuela pública de otro modelo semipúblico como es la concertada no tiene límites para el Ayuntamiento de Cádiz. El origen semipolítico del alcalde como exprofesor y exactivista en sindicatos sectoriales, educativos, puede ser una posible explicación pero cuesta entender ... que esa fijación llegue hasta la seguridad de los niños. Ni para formar circuitos peatonales seguros para ir o volver al centro, ni para fomentar el uso de la bicicleta, son capaces los responsables municipales de abrir su mente y su mirada para entender que la escuela concertada, tan extendida en Cádiz, es una opción libre, elegida, democrática, coherente y respetable. Es así de simple. Marginar a los profesionales y a los alumnos de estos centros, a las familias, por realizar una elección legítima es moralmente rechazable. Irónico en los que siempre levantan la bandera de la superioridad ética, de la sagrada decisión a mano alzada, de la primacía intelectual frente a todos los discrepantes, siempre considerados unos equivocados, unos simples manipulados, los enemigos.
Para rebatir la obsesión, la disgregación que vuelven a denunciar los padres de la concertada, no queda más que volver a la razón, sin cansancio, recuperar la sensatez. El debate entre enseñanza pública y concertada no existe. Ambos modelos conviven hace décadas con absoluta normalidad entre los menores, los padres y los docentes, este intento de confrontación es tan antiguo como el concepto de escolarización.
Hay que repetir, cuanto haga falta, que los concertados son centros a los que la administración les entrega fondos para que sumen sus servicios a la red pública y así complementen las carencias de plazas o de oferta. Décadas después de aparecer, mantienen su función. Ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria.
En el caso hipotético de que la Junta de Andalucía fuera capaz alguna vez de satisfacer la totalidad de la demanda, y el gigantesco peso presupuestario que supone, esa opción religiosa y ese derecho de algunos padres desaparecería. Por eso se creó y se mantiene, con gran éxito por cierto. El empeño del Ayuntamiento de Cádiz por marginar a estos centros de sus planes es, por tanto, irracional. Es antidemocrático e injusto. Es fruto, sencillamente, de una pose ideológica trasnochada y basada en obsesiones.
