Regulación para el alquiler turístico
El Ayuntamiento pretende meter mano a los pisos turísticos en el peor momento, cuando el sector afronta una zozobra desconocida en el mercado
San Ignacio de Loyola pronunció la frase de que «en tiempos de desolación, no hacer mudanza». Y es que en un contexto como el actual, de incertidumbre completa por las consecuencias que puede tener el coronavirus, establecer nuevas normas no sólo es aventurado sino, sobre ... todo, injusto para quien tenga que sufrirlas.
Tal es el caso de las viviendas turísticas . El Ayuntamiento de Cádiz pretende, en un Pleno extraordinario, regular este tipo de establecimientos de una manera especial. Y ha elegido para hacerlo un escenario ignoto, con previsiones que van cambiando de la noche a la mañana, lo que, como no puede ser de otra manera, ha inquietado de manera notable al sector, que está viviendo su peor momento.
Y es que los datos hablan por sí solos. Mientras que en años anteriores los pisos turísticos rozaban una ocupación del 90%, en el pasado mes de mayo se llenaron poco más de la mitad de este tipo de establecimientos. Desde la patronal del sector ya indicaban que era necesario un mínimo del 80% de ocupación de este tipo de viviendas, que requiere de un mayor mantenimiento al cambiar constantemente de inquilinos, para que pudiera hablarse de rentabilidad. Muchos de los propietarios de estas viviendas dedicadas al turismo, en torno a un 25% según los datos que maneja la asociación que los agrupa, estaría replanteándose regresar al alquiler tradicional o al de estudiantes. Y es que la escasa protección que existe también en lo que se refiere a la posible okupación de vividas (o al mero impago del alquiler) hace que muchos propietarios prefieran tener las viviendas vacías, lo que redunda en una subida de precios que no beneficia a casi nadie.
Se hace preciso, desde las administraciones, dar soluciones a este tipo de negocios que, como cualquier otra actividad económica, buscan rentabilidad a cambio de ofrecer un servicio. No es justo poner sobre ellos una sombra de sospecha o ponerles palos en las ruedas cuando pretenden crear riqueza con una de las principales fortalezas de la provincia: el turismo. Más aún cuando, como recordaron desde la propia asociación que integra a este colectivo económico, el Ayuntamiento de Cádiz no tiene potestad para regular este tipo de establecimientos . Mientras se regula sobre lo que no hay competencias, la ciudad, en lo que sí compete al equipo de Gobierno, sigue sumida en la desidia y en la falta de iniciativas ilusionantes.
