El Apunte
Un prejuicio concertado
La cruzada del Ayuntamiento contra los centros escolares semipúblicos no respeta ni el deporte escolar
Una de las cruzadas que el Ayuntamiento de Cádiz se empeña en sostener desde que Podemos o Adelante llegó al Gobierno local es la estigmatización de la educación concertada, el fomento de una rivalidad inexistente entre enseñanza pública y semipública. En la calle, en la ... vida real, en «la gente» a la que tanto dicen defender, ambos modelos coexisten desde hace décadas con absoluta normalidad.
Se trata de una elección reglada y regulada, legítima y legal, oportuna y necesaria, de los padres y los docentes, de las familias y los hijos. El Ayuntamiento de Cádiz no repara en nada para impulsar esta confrontación sin sentido. Hasta las competiciones deportivas sirven de argumento. Ayer se presentaban unas olimpiadas escolares sólo para los centros públicos de Cádiz, como si los niños y niñas de la concertada no tuvieran el derecho de participar en igualdad o el deseo de jugar y competir con el resto de alumnos, y alumnas, de su ciudad como todos los demás.
Que algunos de estos colegios, sólo los más grandes, hagan torneos provinciales, regionales o nacionales intercentros no justifica esta marginación. Aún menos para los concertados de pequeño tamaño, casi todos, que se quedan directamente fuera de forma unilateral y sin tener otros torneos internos a los que aferrarse.
La educación concertada no es un complot social ni un reducto de nada, como quieren hacer ver desde Podemos-Adelante. Son centros a los que la administración les entrega fondos para que sumen sus servicios y así complementen las carencias de la red de centros públicos, para complementar y engrandecer la oferta. Como en sanidad.
Hace décadas que aparecieron estos colegios, cuando los centros estatales eran incapaces de cubrir a toda la población en edad de escolarización obligatoria. Décadas después, mantienen su función. Como ventaja, ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria –con indiscutible amplitud– en España.
Unos centros de forma directa y otros de forma subsidiaria, a través de un pago económico que vincula de forma inequívoca, con normativa, hace que unos y otros, todos, sean públicos. Todos, de una forma o de la otra, están bajo el amparo, el control y la fiscalización de las instituciones. El empeño del Ayuntamiento por señalar y cuestionar, por disgregar en algo tan necesario como el deporte escolar, por tanto, una pose ideológica trasnochada y dañina.
