EL APUNTE
Persecución educativa
Encarecer de forma extrema el acceso a la educación privada y concertada oculta la fijación de eliminarla, cuando es una opción necesaria y compatiblecon la pública
El último ataque del actual Gobierno progresista a la libertad de la educación supone el proyecto de encarecer las actividades en los centros privados y concertados a través de una aplicación del IVA. Así lo denuncia David Randell, director de El Centro Inglés portuense y ... máximo representante de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada. Advierte de que el incremento será «insoportable» para muchas familias que legítimamente han elegido este modelo esencial para todo el sistema. Utilizar la presión en los impuestos para encarecer, obstaculizar, la elección de esa vía es un truco para alcanzar el objetivo político final: violar el derecho de las familias a elegir la educación para sus hijos con arreglo a sus convicciones . Es un bien consagrado por la Constitución, nada menos que en el Título Primero de la Carta Magna.
Randell denuncia, con todo el sentido, que la finalidad última de los promotores de esta modificación administrativa politizada es causar un gran trasvase de alumnos desde la educación privada y concertada hasta la pública. Muchos centros educativos, por tanto, verán su supervivencia en peligro y los ciudadanos perderán una opción educativa legítima. Nadie en su sano juicio iría contra la necesidad de reivindicar una educación pública bien dotada y de calidad pero esa petición es compatible, siempre, con la necesidad de proteger como vías legítimas para los padres la enseñanza concertada y la privada . Son modelos que pueden y deben convivir con absoluta normalidad. No hay incompatibilidad entre modelos. Lo demuestran años de práctica. Este intento de acorralar por vía fiscal a los centros privados y a miles de familias no tiene más justificación que los prejuicios partidistas de sus promotores.
Son centros que suman sus servicios y complementan las carencias de la red de centros públicos. Además, como añadido fundamental, ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios linguísticos, técnicos o religiosos, como los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria –con indiscutible amplitud– en toda España. Si prospera este intento de asfixia económica, esa opción religiosa y ese derecho de algunos padres desaparecería con todos esos centros que verían su futuro en peligro. En definitiva, se trata de una persecución.
